
Si hubiera que identificar una cuestión que ha marcado especialmente las publicaciones de este mes, probablemente sería el impacto del caso Obadal y las reacciones que está generando en los distintos niveles jurisdiccionales.
Durante años, el debate sobre la temporalidad abusiva en el empleo público se había concentrado en la estabilización, en la figura del indefinido no fijo o en las consecuencias derivadas de la Directiva 1999/70/CE. Sin embargo, las resoluciones publicadas en las últimas semanas parecen indicar que el debate está entrando en una nueva fase. La cuestión ya no es únicamente cómo identificar el abuso, sino cuál debe ser su sanción efectiva y qué consecuencias jurídicas deben derivarse cuando las medidas existentes se consideran insuficientes.
Las distintas resoluciones analizadas durante mayo permiten observar cómo el Tribunal Supremo está construyendo una respuesta propia tras Obadal, articulando indemnización, intervención de la Inspección de Trabajo y, en determinados supuestos, reconocimiento de la fijeza. Al mismo tiempo, la Sala Contencioso-Administrativa delimita el alcance procesal de estas novedades y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea continúa insistiendo en la necesidad de que los ordenamientos nacionales dispongan de mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la temporalidad estructural.
No parece que nos encontremos ante el final del recorrido. Más bien al contrario. La litigiosidad continúa creciendo y las incógnitas siguen siendo numerosas. Lo que sí parece claro es que Obadal se ha convertido en una referencia ineludible para comprender la evolución actual del empleo público temporal y las tensiones existentes entre Derecho interno, Derecho de la Unión Europea y organización de las Administraciones públicas.
Este mes, la selección de temas y entradas ha sido la siguiente:
En Joyas de jurisprudencia predominan cuestiones vinculadas a la práctica laboral cotidiana, aunque muchas de ellas proyectan efectos que van más allá del supuesto concreto analizado. Aparecen problemas relativos a la negociación colectiva y a la relación entre convenio de empresa y convenio sectorial; al tratamiento de los festivos cuando coinciden con días de descanso; a los permisos por hospitalización o cuidado familiar; a la configuración del crédito sindical; a la prueba de las horas extraordinarias a partir del registro de jornada; o a la delimitación de la habitualidad a efectos de inclusión en el RETA. También ocupan un lugar destacado varias resoluciones vinculadas a la digitalización de las relaciones laborales, la monitorización tecnológica, el ejercicio de derechos laborales en entornos digitales y la identificación del verdadero centro de dirección empresarial en estructuras productivas complejas. Completan este bloque diversas cuestiones relacionadas con la antigüedad derivada de sucesivos contratos temporales, la subrogación convencional o las garantías procesales en los despidos con afectación de derechos fundamentales.
En Gemas de jurisprudencia, el foco vuelve a situarse en el empleo público y en algunos de los problemas que están generando una litigiosidad creciente. Las resoluciones analizadas abordan la incidencia del abuso de temporalidad sobre el grado personal, las exigencias de identificación de plazas en los procesos de estabilización, los límites de la doctrina del acto consentido en materia de procesos selectivos y la necesidad de exteriorizar adecuadamente la motivación de los órganos de selección. Son cuestiones distintas, pero todas ellas conectadas con las garantías de acceso, carrera profesional y control de la actuación administrativa.
El bloque de Debates ha estado especialmente marcado por las distintas derivadas del caso Obadal. Se analiza la reconstrucción realizada por el Tribunal Supremo de la respuesta frente al abuso de temporalidad, la posición de la Sala Contencioso-Administrativa ante los intentos de reabrir la casación tras la sentencia del TJUE y la evolución de la jurisprudencia europea en materia de temporalidad estructural. Junto a ello, aparecen otras cuestiones de alcance institucional, como la entrada inspectora en espacios protegidos por la garantía domiciliaria, el papel de la Corte Internacional de Justicia en relación con el derecho de huelga o la evolución del debate desde la gestión algorítmica hacia el poder algorítmico.
En Apuntes, la inteligencia artificial ocupa una posición central. Se examinan el proyecto de Ley Orgánica sobre buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial, la posición de la OIT sobre inteligencia artificial y trabajo decente, la revisión europea de la temporalidad abusiva en el empleo público y una aproximación singular al debate tecnológico desde la perspectiva del Vaticano. A ello se añade una reflexión sobre la evolución de la seguridad y salud laboral y su progresivo desplazamiento desde la reparación del daño hacia la organización preventiva de los riesgos.
Por último, el mes incorpora diversas reflexiones que, desde perspectivas distintas, vuelven sobre una cuestión que aparece de forma recurrente en muchos de los contenidos publicados: cómo se distribuye el poder cuando las decisiones se desplazan progresivamente hacia sistemas organizativos, tecnológicos o institucionales cada vez más complejos, y cuáles son las herramientas jurídicas disponibles para garantizar su control.