Empleo publico

  • Gema de jurisprudencia | Representación unitaria y límites a la “unidad electoral corporativa” en el empleo público

    PorEugènia Revilla Esteve

    La STS 183/2026 delimita el alcance de los derechos colectivos en el empleo público, estableciendo que el reconocimiento de la representación no genera un derecho subjetivo a un determinado diseño organizativo de las unidades electorales. El Tribunal Supremo afirma que la configuración de estos órganos pertenece al ámbito de decisión del legislador y que la habilitación del art. 39.4 EBEP tiene carácter potestativo, sin que pueda imponerse por vía judicial.

    La sentencia refuerza el modelo unitario de representación funcionarial, basado en criterios organizativos y no corporativos, y precisa que la eventual falta de visibilidad de colectivos específicos no implica por sí misma vulneración de derechos. Asimismo, clarifica la separación entre representación y negociación colectiva, recordando que esta última se articula exclusivamente a través de las Mesas previstas legalmente.

    Clave: los derechos de representación en el empleo público no incluyen un derecho a configurar las unidades electorales, que dependen de la decisión legislativa y no del control judicial.

  • Gema de jurisprudencia | Complementos retributivos y prestación efectiva en la función pública

    PorEugènia Revilla Esteve

    La STS 86/2026 delimita el régimen de devengo de determinados complementos retributivos en el empleo público, estableciendo que la periodicidad o programación de una prestación no determina por sí sola su carácter ordinario. El criterio decisivo es su configuración normativa: cuando un complemento se define como retribución especial vinculada a una carga adicional y a la prestación efectiva del servicio, no se mantiene en situaciones como la incapacidad temporal.

    La sentencia refuerza así la distinción entre retribuciones propias del estatuto funcionarial —que se conservan en situaciones de servicio activo— y complementos asociados a servicios singulares, cuyo devengo exige la realización efectiva de la actividad. Asimismo, descarta una aplicación automática de la Directiva 2003/88/CE en materia retributiva, subrayando el margen de los Estados para configurar estos conceptos en función de las necesidades del servicio público.

    Clave: los complementos vinculados a prestaciones efectivas no se devengan en incapacidad temporal si su configuración normativa los define como retribuciones extraordinarias.

  • Apuntes | El uso del complemento de productividad y su progresiva desnaturalización.

    PorEugènia Revilla Esteve

    Complemento de productividad en la Administración: límites jurisprudenciales y riesgos de desnaturalización. A partir del análisis de José Cano Larrotcha, el texto examina cómo la práctica administrativa ha desviado la función del complemento de productividad, convirtiéndolo en muchos casos en una retribución fija encubierta. La jurisprudencia exige que este complemento responda a un rendimiento singular y evaluable, vinculado a criterios objetivos y motivados, rechazando su concesión automática o generalizada. La ausencia de justificación suficiente constituye uno de los principales motivos de anulación judicial. Asimismo, se advierte del uso indebido de la productividad para corregir déficits estructurales del sistema retributivo o carencias organizativas, lo que compromete la coherencia del modelo. El análisis subraya la necesidad de diseñar sistemas de incentivos compatibles con los principios de objetividad, mérito y transparencia en la gestión pública.
    Clave: la productividad solo es legítima cuando retribuye un rendimiento diferenciado y está respaldada por criterios objetivos y motivación suficiente.

  • Joya de jurisprudencia | Contratación administrativa prolongada y competencia jurisdiccional

    PorEugènia Revilla Esteve

    La STS 1276/2025 precisa que la prolongación de contratos administrativos de provisión temporal de vacantes no implica por sí sola su conversión en relación laboral ni desplaza la competencia al orden social cuando el vínculo es válido en su origen y no se acredita fraude estructural.

    La resolución refuerza la separación entre empleo administrativo y laboral y descarta una interpretación automática del art. 70.1 TRLEBEP basada únicamente en la duración del vínculo.

    Clave: la duración excesiva no laboraliza el contrato ni determina el cambio de jurisdicción, que sigue correspondiendo al orden contencioso-administrativo salvo irregularidad originaria.

  • Debates | Anteproyecto de Ley 2026 de Catalunya: impacto en el empleo público local

    PorEugènia Revilla Esteve

    El Anteproyecto de Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público de Catalunya para 2026 introduce modificaciones con impacto directo en la administración local, especialmente en el ámbito del empleo público. El texto incorpora una habilitación legal para garantizar una retribución mínima equivalente al SMI al personal funcionario en prácticas, refuerza la regulación de la movilidad en las policías locales mediante un sistema obligatorio de compensación entre ayuntamientos y amplía las posibilidades de conciliación en el ámbito local a través de la negociación colectiva.

    Estas medidas no solo inciden en aspectos concretos de gestión, sino que afectan a la planificación de recursos humanos, a la movilidad intermunicipal y a la configuración de derechos laborales en el sector público local. El anteproyecto se sitúa así en una línea de refuerzo de la cobertura normativa y de ordenación estructural del empleo público, con potencial proyección sobre la organización y sostenibilidad de las plantillas locales.

    Clave: el anteproyecto refuerza la base legal de la gestión de personal en el ámbito local, con efectos en retribuciones, movilidad y conciliación.

  • Joya de jurisprudencia | Personal eventual y orden jurisdiccional competente

    PorEugènia Revilla Esteve

    La STS 6072/2025 fija doctrina sobre la competencia jurisdiccional en el cese del personal eventual, estableciendo que, con carácter general, corresponde al orden contencioso-administrativo incluso cuando se cuestiona la naturaleza real de las funciones desempeñadas. El Tribunal Supremo afirma que ni la prolongación temporal del vínculo ni el contenido técnico de las tareas permiten, por sí solos, “laboralizar” la relación ni desplazar la competencia al orden social.

    La sentencia refuerza la naturaleza estrictamente administrativa del personal eventual conforme al art. 12 EBEP y rechaza que un uso indebido de esta figura pueda transformarse en relación laboral, al estar en juego los principios de igualdad, mérito y capacidad. El control del eventual abuso debe realizarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante la impugnación del nombramiento y su cese.

    Clave: el cese del personal eventual se impugna, como regla general, ante el orden contencioso-administrativo, sin que la duración o el contenido de las funciones alteren la naturaleza administrativa del vínculo.

  • Debates | Proyecto de Ley del Empleo Público de Catalunya: una reforma estructural del sistema

    PorEugènia Revilla Esteve

    El Proyecto de Ley del Empleo Público de Catalunya, aprobado el 20 de enero de 2026, configura una reforma estructural orientada a superar la fragmentación del sistema y a reforzar su capacidad para atraer talento, gestionar el relevo generacional y articular una política de recursos humanos más estratégica. El texto propone un modelo basado en competencias, evaluación del desempeño, carrera horizontal, movilidad interadministrativa y planificación de personas, desplazando el eje tradicional de acceso y antigüedad hacia la trayectoria profesional y el rendimiento efectivo.

    La propuesta integra además dimensiones transversales como igualdad, inclusión, integridad y transparencia, tratando de dotarlas de coherencia dentro de un marco común para todo el sector público catalán. Sin embargo, la efectividad del modelo dependerá de su implementación real, de la capacidad de gestión y de la cultura organizativa, así como de su encaje con la diversidad institucional, especialmente en el ámbito local y universitario.

    Clave: la reforma redefine el modelo de empleo público hacia un enfoque competencial y de desempeño, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva y la capacidad institucional.

  • Debates | IA en el sector público: de la tecnología a la capacidad institucional

    PorEugènia Revilla Esteve

    El policy brief de la OCDE “Building an AI-ready public workforce: Implications and strategies” (enero 2026) desplaza el debate sobre inteligencia artificial en el sector público desde la tecnología hacia la capacidad institucional. El documento sostiene que el principal límite para una adopción responsable de la IA no es técnico, sino organizativo y profesional, al depender de la capacidad de las administraciones para comprender, gobernar y controlar estos sistemas en función del interés general.

    El análisis subraya que la externalización tecnológica en el ámbito público no es neutral, ya que puede generar dependencia, asimetrías de conocimiento y debilitamiento de la rendición de cuentas. Frente a ello, la IA se plantea como una política de empleo público que exige rediseñar funciones, reforzar capacidades internas y construir estructuras organizativas que integren formación, talento y control técnico-jurídico. La legitimidad institucional pasa así por mantener el dominio sobre los sistemas desplegados.

    Clave: la adopción responsable de la IA en el sector público depende de la capacidad institucional para gobernarla, no de la tecnología disponible.

  • Debates | Capacidad y mérito en el acceso al empleo público: una distinción necesaria

    PorEugènia Revilla Esteve

    El debate sobre los principios de acceso al empleo público pone de relieve una confusión persistente entre mérito y capacidad, que tiene efectos directos en el diseño de los sistemas selectivos. El análisis subraya que el mérito opera como reconocimiento del pasado —trayectoria, antigüedad, formación—, mientras que la capacidad se vincula al desempeño efectivo y a la aptitud real para afrontar las funciones del puesto. Esta distinción, aunque presente en el marco jurídico, no siempre se traduce en prácticas selectivas coherentes.

    A partir del planteamiento de Juan Luis Moratinos Echevarria, se evidencia que muchos procesos siguen centrados en la acumulación de méritos formales, sin evaluar de forma suficiente las competencias aplicadas, lo que debilita la garantía de idoneidad. El marco normativo, especialmente el TREBEP, permite articular sistemas orientados a la evaluación de la capacidad mediante pruebas prácticas y periodos de desempeño, pero su aplicación depende de decisiones organizativas y de cultura institucional.

    Clave: la calidad del acceso al empleo público exige diferenciar mérito y capacidad, orientando la selección hacia la evaluación del desempeño real y no solo del historial previo.

  • Debates | Temporalidad abusiva en el empleo público y calidad del Estado de Derecho

    PorEugènia Revilla Esteve

    El debate sobre la temporalidad abusiva en el empleo público se reconfigura desde una cuestión de técnica jurídica hacia un problema estructural de calidad del Estado de Derecho. A partir del enfoque de Remedios Roqueta Buj, el análisis destaca que las soluciones tradicionales —como el indefinido no fijo o la prolongación en el puesto— han operado como mecanismos de gestión del conflicto sin generar un verdadero efecto sancionador ni disuasorio para la Administración, alejándose de las exigencias de la Directiva 1999/70/CE.

    La reflexión sitúa las reformas de 2021 en una clave distinta: no solo como políticas de estabilización, sino como un posible intento de reconstruir un sistema eficaz de reacción frente al abuso, combinando procesos extraordinarios, incentivos a la consolidación y compensaciones económicas. La cuestión central pasa a ser si este nuevo marco es capaz de introducir costes institucionales reales y prevenir la reiteración de prácticas abusivas.

    Clave: la temporalidad abusiva en el empleo público no es solo un problema jurídico, sino un test sobre la capacidad del sistema para sancionar y prevenir el abuso conforme a las exigencias del Estado de Derecho.