Debates | Proyecto de Ley del Empleo Público de Catalunya: una reforma estructural del sistema

El 20 de enero de 2026, el Govern de Catalunya ha aprobado el Proyecto de Ley del Empleo Público de Catalunya, que inicia ahora su tramitación parlamentaria. El texto plantea una reforma de alcance estructural, con vocación de marco común para cerca de 400.000 personas al servicio de la Generalitat, los entes locales y las universidades públicas.

El diagnóstico que sostiene el proyecto es claro: un sistema de empleo público fragmentado, con dificultades crecientes para atraer y retener talento, afrontar el relevo generacional, facilitar la movilidad entre administraciones y gestionar de forma estratégica los recursos humanos. Frente a ello, el PL propone una reordenación del modelo, no una suma de ajustes parciales.

La arquitectura que se dibuja es ambiciosa. Selección orientada a competencias, un papel central de la formación y la acreditación profesional, carrera horizontal estructurada en tramos, evaluación del desempeño, movilidad interadministrativa voluntaria y planificación estratégica de personas. El desplazamiento conceptual es evidente: del eje acceso-antigüedad hacia la trayectoria profesional y el desempeño efectivo.

El proyecto incorpora, además, dimensiones que hoy ya son estructurales en cualquier política pública de personal: inclusión de personas con discapacidad con modelos de acceso diferenciados, perspectiva de género, planes de igualdad, integridad pública y transparencia. No tanto como novedad conceptual, sino como intento de integrarlas en un marco coherente y común.

La cuestión decisiva, sin embargo, no está en los principios enunciados, sino en su operatividad real. Instrumentos como la evaluación del desempeño, la carrera profesional con impacto retributivo o la movilidad entre administraciones son herramientas conocidas, pero exigentes. Su eficacia dependerá del diseño técnico, de la capacidad de gestión y de la cultura organizativa que las sostenga.

También emerge una tensión clásica en este tipo de reformas: la voluntad de homogeneización frente a la diversidad efectiva del sector público catalán, especialmente en el ámbito local y universitario, donde la autonomía institucional condiciona de forma directa la aplicabilidad de los modelos comunes.

Más que preguntarse si el proyecto es ambicioso, la cuestión relevante es si el sistema será capaz de desplegarlo sin diluirlo. En el empleo público, el punto crítico no es la ley, sino la distancia entre el diseño normativo y su implementación sostenida en el tiempo.

El debate parlamentario será clave. No solo para introducir mejoras técnicas, sino para clarificar qué modelo de empleo público se quiere construir y hasta dónde existe una voluntad real de transformación.

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