La reciente entrada de Alfredo Galán Galán en Tornos Abogados sobre la reforma del marco jurídico de la Administración pública catalana impulsada por la Ley 9/2025 me ha parecido especialmente valiosa por la manera en que combina precisión técnica y claridad expositiva.

La reciente entrada de Alfredo Galán Galán en Tornos Abogados sobre la reforma del marco jurídico de la Administración pública catalana impulsada por la Ley 9/2025 me ha parecido especialmente valiosa por la manera en que combina precisión técnica y claridad expositiva.

Su análisis permite situar con coherencia el alcance real de una modificación que afecta de lleno a los derechos de la ciudadanía y a los principios que deben guiar la actuación administrativa en Cataluña: la ampliación del derecho a una atención adecuada, la garantía de la atención presencial mediante la prohibición de exigir cita previa, el refuerzo del derecho a una buena administración a través de resoluciones claras y motivaciones comprensibles, la incorporación del principio de confianza y la protección frente a errores administrativos en prestaciones esenciales, así como la regulación detallada de los servicios proactivos y personalizados basados en un consentimiento informado y revocable.

Me parece una aportación útil no solo por el orden y exhaustividad con que expone las novedades, sino porque ayuda a entender cómo esta reforma se inserta en un proceso más amplio de transformación del sector público catalán orientado a una administración más clara, más justa y más cercana a las personas.

La claridad con la que Alfredo Galán expone esta reforma convierte su análisis en una referencia muy útil para seguir la evolución del derecho público catalán.

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