La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso nº 930/2025), como se recoge en este post, tiene como valor principal aclarar que la OEP de estabilización no modifica las normas vigentes ni crea nuevos derechos; es un acto administrativo dirigido a identificar y regularizar plazas según las reglas ya existentes. De este modo, solo afecta a los procesos concretos y su impugnación se realiza a través de los actos posteriores (como las convocatorias), no como si fuera una norma reglamentaria. Esto delimita el poder de la administración y da seguridad jurídica a candidatos y responsables públicos: la OEP operacionaliza la ley, no la innova.

Acoso en el empleo público y responsabilidad administrativa: de la sanción a la obligación de prevenir y reparar. A partir del análisis de Ana Isabel García Salas, el texto examina cómo los casos de acoso están tensionando el modelo clásico de responsabilidad administrativa. Cuando el empleador es una Administración Pública, la respuesta jurídica no puede centrarse exclusivamente en la sanción, sino que se desplaza hacia la prevención, la correcta organización y la protección efectiva de la víctima. La integración del acoso en la lógica de los riesgos psicosociales y el peso de la responsabilidad patrimonial refuerzan este cambio de enfoque. La clave pasa a ser la actuación de la organización: existencia y activación de protocolos, medidas de protección y asunción de responsabilidad ante fallos. El acoso se configura así como un indicador de calidad institucional y de gobernanza del empleo público.
Clave: la responsabilidad administrativa en casos de acoso se redefine desde la prevención y la organización, más que desde la sanción.