El Tribunal Supremo (STS 930/2025) ha sentado un criterio jurisprudencial crucial para los plazos de la OPE. La sentencia establece que el plazo de tres años del artículo 70.1 del TREBEP no se limita a iniciar los procesos, sino que obliga a las administraciones a desarrollar y resolver íntegramente el proceso selectivo dentro de ese límite. Esta doctrina, justificada en el rigor jurídico y los principios constitucionales de eficacia, tiene una relevancia práctica fundamental, ya que impone una planificación temporal mucho más estricta de las OEP y exige que la gestión de todas las fases se realice con la máxima diligencia para evitar el riesgo de caducidad.

Derechos fundamentales laborales y digitalización: reconfiguración sin ruptura del marco clásico. La obra colectiva dirigida por M.ª Elisa Cuadros Garrido, Belén García Romero y Alejandra Selma Penalva, y coordinada por Eduardo Taléns Visconti, analiza cómo la transformación digital no crea nuevos derechos fundamentales, pero sí altera profundamente sus condiciones de ejercicio, limitación y tutela en el ámbito laboral. La gestión algorítmica, la vigilancia basada en datos y la opacidad de los sistemas automatizados desplazan el debate hacia el terreno constitucional y laboral, obligando a revisar categorías como subordinación, control empresarial, proporcionalidad o carga de la prueba. El enfoque evita tanto el determinismo tecnológico como el alarmismo, y sitúa el núcleo del problema en garantizar la efectividad de derechos como la igualdad, la intimidad o la libertad sindical en entornos digitales.
Clave: la digitalización no redefine los derechos fundamentales, pero sí exige reconstruir sus mecanismos de garantía frente a nuevas formas de poder empresarial.