Pensando en voz alta | 2026: gobernar el trabajo y el empleo público en un entorno de incertidumbre estructural

El año 2025 ha estado atravesado por una sensación compartida de transición. No por la aparición de tecnologías radicalmente nuevas, sino por la consolidación de transformaciones que ya no pueden considerarse coyunturales. La inteligencia artificial, la automatización de decisiones, la mediación algorítmica en el empleo y la reorganización institucional del sector público han dejado de ser escenarios de futuro para convertirse en condiciones estructurales del presente.

Desde el Derecho del Trabajo y desde el Derecho público del empleo, esta transición plantea una cuestión central: cómo reconstruir marcos de previsibilidad jurídica y de legitimidad democrática en contextos caracterizados por una creciente complejidad técnica y por altos niveles de incertidumbre.

A lo largo de 2025, muchos de los debates que he ido compartiendo —sentencias, informes institucionales, lecturas doctrinales y análisis de políticas públicas— convergen en algunas ideas nucleares que merece la pena ordenar al inicio de 2026.

La primera es que la digitalización no elimina el trabajo, pero sí altera profundamente sus categorías jurídicas clásicas. Las fronteras entre subordinación y autonomía, entre tiempo de trabajo y tiempo disponible, o entre decisión humana y decisión automatizada, aparecen cada vez más difuminadas. La inteligencia artificial intensifica esta tendencia al incorporarse a ámbitos nucleares de la relación laboral y del empleo público: selección, evaluación, asignación de tareas, control del desempeño o incluso extinción. El desafío no es tecnológico, sino jurídico e institucional: cómo adaptar los mecanismos de tutela, transparencia y control a entornos donde el poder de dirección se ejerce, en parte, a través de sistemas automatizados.

La segunda idea es que la incertidumbre no es un efecto colateral, sino una característica estructural del actual modelo de transformación digital. La velocidad del cambio, la opacidad de determinados sistemas y la fragmentación normativa generan lo que algunos autores han descrito como un “cono de incertidumbre” que dificulta la anticipación normativa y tensiona los instrumentos clásicos de regulación. En este contexto, la regulación europea de la inteligencia artificial no puede leerse solo como una respuesta técnica al riesgo, sino como un intento de reconstruir espacios de previsibilidad jurídica allí donde están en juego derechos fundamentales, servicios públicos esenciales y decisiones con impacto social significativo.

Una tercera línea recurrente en 2025 ha sido la constatación de la brecha persistente entre diseño normativo y funcionamiento real de las instituciones. Los informes sobre empleo público local, las dificultades estructurales de cobertura de determinados puestos, o la utilización inestable de mecanismos previstos legalmente muestran que el problema no es únicamente normativo. La arquitectura jurídica existe, pero su eficacia depende de capacidades organizativas, de incentivos adecuados y de una gobernanza coherente entre niveles de gobierno. En este sentido, la discusión no puede limitarse a si las normas son suficientes, sino a cómo se implementan y con qué resultados reales.

La cuarta idea tiene que ver con la gobernanza democrática en entornos altamente tecnificados. La automatización de decisiones plantea preguntas incómodas sobre trazabilidad, rendición de cuentas y control del poder público y privado. Una administración o una organización orientadas exclusivamente a la eficiencia corren el riesgo de debilitar las garantías democráticas si no se articulan sobre valores públicos claros y mecanismos efectivos de responsabilidad. El Derecho del Trabajo y el Derecho público del empleo se convierten así en espacios privilegiados para observar esta tensión entre innovación, legitimidad y cohesión social.

Mirando a 2026, el reto no parece ser “regular más”, sino regular mejor, con mayor conciencia de los límites del Derecho, pero también de su función estructurante. Esto implica asumir que la transformación digital no se gobierna solo con normas, sino también con instituciones sólidas, con capacidades técnicas públicas, con cultura organizativa y con una reflexión jurídica que no llegue siempre a posteriori.

Este artículo no pretende cerrar debates, sino situarlos. Si algo ha mostrado 2025 es que la discusión sobre trabajo, empleo público e inteligencia artificial ya no pertenece al terreno de la prospectiva, sino al núcleo de las decisiones jurídicas y políticas del presente. El 2026 se abre, por tanto, como un año para comprobar si somos capaces de convertir la incertidumbre en un espacio gobernable, sin renunciar a las garantías que definen el Estado social y democrático de Derecho.

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