Joyas de Jurisprudencia | El Supremo redefine el alcance procesal de la papeleta de conciliación en despidos con derechos fundamentales

La STS (Sala de lo Social) núm. 435/2026, de 22 de abril, ponente Rafael Antonio López Parada (rec. 5194/2024) aborda una cuestión procesal de enorme relevancia práctica: hasta qué punto puede una trabajadora introducir en la demanda causas de nulidad del despido no explicitadas en la papeleta de conciliación previa, particularmente cuando están en juego derechos fundamentales y la protección reforzada del embarazo.

El asunto parte del despido disciplinario de una trabajadora indefinida, asistente del jefe de producto, que se encontraba en incapacidad temporal por embarazo de riesgo y que había denunciado conductas de posible acoso sexual por parte de su superior directo. Tras la denuncia, la empresa activó una investigación interna a través de un despacho externo, pero la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción muy grave por la inexistencia de un protocolo efectivo y conocido por la plantilla, y por la generación de un clima de hostigamiento sexual que podía haberse evitado con medidas preventivas adecuadas.

En paralelo, la empresa reclamó reiteradamente a la trabajadora la devolución del ordenador portátil corporativo mientras esta seguía de baja médica y alegaba una situación física y mental delicada. La negativa o falta de entrega del equipo motivó primero una amonestación escrita y, finalmente, el despido disciplinario de 3 de marzo de 2023 por desobediencia y transgresión de la buena fe contractual. La trabajadora impugnó el despido solicitando ya en la papeleta de conciliación la nulidad y una indemnización por daños morales, aunque sin mencionar expresamente ni el embarazo ni la garantía de indemnidad por la denuncia ante la Inspección. Esas dos causas de nulidad se introdujeron de forma explícita en la demanda judicial, al amparo del art. 55.5 ET y de la tutela frente a represalias por el ejercicio de derechos.

La trabajadora impugnó el despido solicitando ya en la papeleta de conciliación la nulidad del despido y una indemnización por daños morales. Sin embargo, no mencionó expresamente ni el embarazo ni la garantía de indemnidad derivada de la denuncia ante la Inspección de Trabajo. Esas dos concretas causas de nulidad se introdujeron posteriormente en la demanda judicial, invocando el art. 55.5 ET y la existencia de una posible represalia empresarial. Precisamente ahí se sitúa el núcleo procesal del litigio: determinar si podían alegarse en la demanda causas de nulidad no explicitadas previamente en la papeleta de conciliación o si ello suponía una incongruencia procesal invalidante.

El Juzgado de lo Social núm. 18 de Madrid rechazó que existiera un obstáculo procesal derivado de la diferencia entre la papeleta de conciliación y la demanda, declaró la nulidad del despido y condenó a la empresa a la readmisión de la trabajadora y al pago de 20.000 euros por daños morales, al apreciar vulneración de derechos fundamentales y la protección reforzada ligada al embarazo. La empresa recurrió y el TSJ de Madrid revocó íntegramente la sentencia por motivos estrictamente procesales. Entendió que existía una diferencia sustancial entre la papeleta y la demanda porque las concretas causas de nulidad —embarazo y garantía de indemnidad por la denuncia ante la Inspección de Trabajo— no se habían explicitado en la conciliación previa. Según el TSJ, ello vulneraba la exigencia de congruencia del art. 80.1.c) LRJS y generaba indefensión a la empresa, añadiendo además que el procedimiento utilizado era uno de despido y no específicamente de tutela de derechos fundamentales.

Frente a ello, la trabajadora interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, sosteniendo que la omisión inicial del embarazo y de la garantía de indemnidad en la papeleta de conciliación no podía impedir el posterior examen judicial de la nulidad del despido cuando no existía indefensión real para la empresa y estaban comprometidos derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo aprecia contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste y entra a resolver el fondo del asunto. La Sala sitúa inmediatamente el problema en el reciente cambio jurisprudencial operado por la STS 49/2025, de 23 de enero (rec. 5375/2023) dictada por el Pleno, que corrigió expresamente la doctrina anterior más formalista y abandonó una interpretación rígida de la correspondencia entre la papeleta de conciliación y la demanda judicial.

El Tribunal Supremo centra su razonamiento en la función que cumple realmente la conciliación previa. La correspondencia entre la papeleta de conciliación y la demanda no puede entenderse como una exigencia formal absoluta, sino como una garantía instrumental: sirve para que las partes puedan intentar una solución extrajudicial sobre el conflicto y para que la parte demandada conozca con suficiente claridad los hechos y pretensiones frente a los que debe defenderse. Por eso, la falta de coincidencia plena entre la papeleta y la demanda solo tiene relevancia si impide una conciliación real o si causa indefensión efectiva. Si la empresa conoce antes del juicio las causas de nulidad alegadas, dispone de tiempo para preparar su defensa y puede proponer prueba, no cabe cerrar el paso al examen judicial del fondo por una lectura rígida del art. 80.1.c) LRJS.

La Sala añade un matiz importante: la conciliación previa no es una garantía procesal diseñada en beneficio exclusivo de la empresa demandada, sino un mecanismo de ordenación del sistema judicial, orientado a evitar litigios innecesarios. Por ello, sus eventuales defectos no deben convertirse automáticamente en una barrera para analizar vulneraciones de derechos fundamentales, salvo que se acredite una afectación real del derecho de defensa.

El Tribunal insiste además en la especial protección constitucional del embarazo. Recupera la doctrina de la STC 92/2008, de 21 de julio (BOE núm. 200, de 19 de agosto) y recuerda que el art. 55.5 ET configura una nulidad objetiva y automática del despido de la trabajadora embarazada, vinculada directamente al art. 14 CE. Esa protección opera incluso aunque el empresario desconozca el embarazo y aunque no exista prueba de móvil discriminatorio. A partir de ahí, el Supremo rechaza frontalmente una interpretación formalista que prive a la trabajadora de esa protección por no haber mencionado expresamente el embarazo en la papeleta de conciliación. Según la Sala, ello equivaldría a desactivar gran parte del sistema constitucional y legal de tutela reforzada de la mujer embarazada.

El Tribunal Supremo considera además que la empresa no sufrió ninguna indefensión real. Aunque la papeleta de conciliación no mencionaba expresamente el embarazo ni la garantía de indemnidad, la demanda judicial sí incorporaba de forma clara todos los hechos y fundamentos jurídicos en los que se apoyaba la pretensión de nulidad, y lo hacía con antelación suficiente al juicio. Eso permitió a la empresa conocer exactamente qué se le imputaba, preparar su defensa y proponer la prueba que considerara oportuna. La Sala destaca además que, desde la propia papeleta de conciliación, la trabajadora ya solicitaba la nulidad del despido y una indemnización por daños morales. Lo que cambió posteriormente en la demanda no fue la pretensión principal, sino la concreción de las concretas causas constitucionales de nulidad invocadas.

El Supremo añade un aspecto especialmente relevante: esta doctrina no se aplica únicamente a la protección reforzada del embarazo del art. 55.5 ET, sino también a otras posibles vulneraciones de derechos fundamentales, como la garantía de indemnidad derivada de la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo. Con ello, la Sala proyecta esta interpretación antiformalista más allá de la nulidad objetiva por embarazo y la extiende al conjunto de litigios laborales con dimensión constitucional.

En consecuencia, la STS 435/2026 no decide definitivamente si el despido fue nulo o improcedente. Lo que establece es una doctrina procesal muy relevante: la falta de mención expresa del embarazo o de otras vulneraciones de derechos fundamentales en la papeleta de conciliación no impide su posterior alegación en la demanda cuando no exista indefensión real y estén comprometidos derechos fundamentales de especial protección constitucional.

La importancia práctica de la STS 435/2026 va mucho más allá del caso concreto porque consolida un giro claramente antiformalista en el proceso laboral cuando están implicados derechos fundamentales. En realidad, la sentencia redefine el alcance práctico de la conciliación previa y limita considerablemente la posibilidad de utilizar defectos formales de la papeleta como mecanismo para bloquear el examen judicial del fondo del litigio.

La primera consecuencia práctica es evidente en materia de despido de trabajadoras embarazadas. A partir de esta doctrina, las empresas tendrán muchas más dificultades para sostener que la nulidad no puede examinarse porque el embarazo no aparecía expresamente en la papeleta de conciliación. El Tribunal Supremo deja claro que la protección del art. 55.5 ET tiene una dimensión constitucional vinculada al art. 14 CE y que no puede quedar neutralizada por interpretaciones procesales rigoristas. Esto tiene un efecto muy concreto en la práctica: muchas demandas redactadas inicialmente con cierta urgencia o con formulaciones genéricas de nulidad podrán completarse después en la demanda judicial sin riesgo automático de inadmisión o desestimación por incongruencia. La Sala está diciendo, en términos prácticos, que el proceso laboral no puede convertirse en una trampa formal frente a derechos fundamentales.

La segunda consecuencia es incluso más amplia: la doctrina no queda limitada al embarazo. La sentencia extiende expresamente el razonamiento a la garantía de indemnidad y, en general, a otros derechos fundamentales. Eso significa que, previsiblemente, esta línea doctrinal se proyectará sobre: represalias por denuncias ante Inspección de Trabajo; reclamaciones salariales previas; ejercicio de derechos sindicales; denuncias de acoso; discriminaciones; vulneraciones de intimidad o protección de datos; conflictos vinculados a conciliación y corresponsabilidad. En todos esos ámbitos será más difícil sostener que la concreta vulneración constitucional queda “fuera” del proceso porque no aparecía detallada desde la conciliación previa.

La tercera consecuencia afecta directamente a la función de la conciliación administrativa. El Supremo realiza aquí una afirmación doctrinal muy importante: la conciliación previa no protege intereses de la empresa demandada, sino intereses objetivos del sistema judicial. Esto altera bastante la lógica tradicional con la que muchas veces se había interpretado el art. 80 LRJS. La Sala reduce el peso autónomo de la papeleta de conciliación y desplaza el centro de gravedad hacia la existencia o no de indefensión material real. Es decir: ya no basta alegar formalmente que algo no figuraba en la papeleta; habrá que acreditar que ello impidió realmente defenderse. En la práctica procesal, esto probablemente reducirá mucho las excepciones procesales basadas en incongruencia entre papeleta y demanda, especialmente cuando la empresa conocía los hechos; la demanda se notificó con suficiente antelación; pudo proponerse prueba; la pretensión sustancial ya era identificable.

La cuarta consecuencia afecta al propio modelo de tutela antidiscriminatoria. La sentencia refuerza una visión “objetiva” de la nulidad por embarazo. El Supremo insiste en que no es necesario acreditar móvil discriminatorio ni siquiera conocimiento empresarial del embarazo. Eso tiene impacto práctico porque consolida la idea de que la nulidad del despido de embarazadas funciona como un límite estructural al poder empresarial y no simplemente como una sanción frente a conductas subjetivamente discriminatorias.

La quinta consecuencia es que, a partir de esta doctrina, las demandas podrán evolucionar jurídicamente respecto de la papeleta sin quedar automáticamente bloqueadas; cobrará más importancia el contenido de la demanda y menos el de la conciliación; aumentará la tendencia a formular inicialmente papeletas más abiertas o generales; y perderán fuerza muchas defensas empresariales puramente procesales.

También hay un efecto indirecto importante sobre la actuación empresarial ante denuncias internas o conflictos sensibles. La sentencia transmite la idea de que los tribunales van a priorizar el examen material de posibles vulneraciones de derechos fundamentales frente a obstáculos formales. Eso previsiblemente incentivará investigaciones internas más diligentes y protocolos de acoso más sólidos, porque ya no resultará tan viable desplazar el litigio hacia cuestiones procesales.

Finalmente, la sentencia tiene una consecuencia doctrinal de fondo: confirma definitivamente el abandono de la línea más formalista que había representado la STS 528/2020 y consolida la doctrina iniciada por la STS de Pleno 49/2025.

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