Apuntes | Secretaría-Intervención en pequeños municipios: diagnóstico práctico del Informe 18/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

El Informe 18/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña fiscaliza la situación del puesto de Secretaría-Intervención en los municipios de menos de 1.000 habitantes (ejercicio 2022) y ofrece una imagen precisa de cómo se están garantizando estas funciones en la práctica.

El ámbito analizado abarca 482 municipios (más del 50 % del total, aunque solo el 2,5 % de la población). Tras considerar las agrupaciones, se identifican 392 puestos, de los cuales únicamente 37 están cubiertos con nombramiento definitivo (9 %). El resto se reparte entre 245 vacantes (63 %) y 110 municipios exentos (28 %).

La cobertura efectiva se apoya mayoritariamente en fórmulas no definitivas (92 % de los casos). 207 puestos (53 %) se cubren con personal accidental o interino, y 83 nombramientos son anteriores a 2017. El déficit es especialmente acusado en Tarragona y Lleida. A ello se suman incidencias formales relevantes (53 nombramientos sin acreditación preceptiva), un uso extensivo del régimen de exención —solo 3 municipios cumplían los requisitos legales en 2022—, agrupaciones inoperativas (16 de 95) y 24 vacantes no convocadas en ningún procedimiento.

Leído en conjunto, el informe no cuestiona el marco normativo, pero sí evidencia una brecha persistente entre el diseño jurídico y el funcionamiento real de los instrumentos previstos para garantizar estas funciones en el nivel local más pequeño. De ahí que las recomendaciones se centren en activar de forma efectiva la provisión ordinaria, limitar el recurso estructural a fórmulas no definitivas, revisar el uso de las exenciones y asegurar el funcionamiento real de las agrupaciones.

Por eso, la fiscalización de 2022 resulta especialmente significativa en relación con la disposición adicional 18.ª de la LRBRL, que permite a la Generalitat asumir la gestión completa del personal de habilitación nacional en Cataluña. El informe aporta la base empírica del escenario previo que da sentido a esa reforma porque muestra cómo ha funcionado el sistema bajo la normativa básica vigente, que la reforma mantiene intacta (vacantes estructurales, cobertura inestable y mecanismos que, tal como estaban configurados, no estaban resolviendo el problema). A partir de ese diagnóstico, cobra sentido plantear si un cambio en la instancia de gestión —del Estado a la Generalitat de Catalunya— puede contribuir a una mejor respuesta organizativa allí donde el modelo existente ha mostrado límites evidentes.

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