li 125

Apuntes| Códigos éticos empresariales y el compliance laboral

PorEugènia Revilla Esteve 🕐 2 min de lectura

La STSJ de Galicia (Sala de lo Social) 462/2026, de 28 de enero de 2026 (Rec. 4060/2025), resuelve un despido disciplinario en el ámbito sanitario y aborda una cuestión especialmente interesante: el alcance jurídico de los códigos éticos empresariales y de los sistemas internos de compliance cuando se proyectan sobre el régimen formal del despido.

La sentencia de instancia había declarado la improcedencia al entender que la empresa no había respetado un trámite interno de información y audiencia previsto en su Código Ético y en el Canal de Conducta. El TSJ corrige ese planteamiento y, tras depurar el relato fáctico, formula una afirmación de notable calado: los códigos éticos y los canales internos de conducta son instrumentos de autorregulación y compliance, pero no constituyen, por sí mismos, fuente normativa en el sentido del art. 3 ET.

Desde esta premisa, la Sala razona que tales instrumentos carecen de rango legal o convencional y no pueden añadir requisitos formales constitutivos de validez al despido disciplinario más allá de los previstos en los arts. 54 y 55 ET, salvo que exista una previsión normativa eficaz que así lo establezca. La audiencia prevista en el Canal de Conducta se inserta en un procedimiento interno de investigación, propio del sistema de información y compliance, pero no se configura como trámite disciplinario laboral general, previo e ineludible.

La relevancia de la resolución no está solo en el resultado del caso concreto, sino en la delimitación que realiza del sistema de fuentes. Si se admitiera que un instrumento unilateral de autorregulación puede convertirse automáticamente en presupuesto formal invalidante del despido, se estaría permitiendo una alteración indirecta del régimen legal mediante soft law empresarial. La sentencia fija un límite claro: la autorregulación orienta, puede reforzar estándares de conducta e incluso influir en la valoración de la gravedad o la proporcionalidad, pero no redefine por sí sola la estructura formal del despido disciplinario.

En un contexto de expansión de los sistemas de compliance y de creciente densidad normativa interna en las organizaciones, esta doctrina resulta especialmente significativa. Integrar estos instrumentos en el ordenamiento laboral, pero preservar la coherencia del sistema legal y del modelo de fuentes del Derecho del Trabajo.

Contenido protegido. No autorizado su uso para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sin autorización expresa.

Views: 86

Suscríbete al boletín

Recibe nuevas publicaciones directamente en tu correo.

#art. 3 ET#art. 54 ET#art. 55 ET#códigos éticos#Compliance Laboral#despido disciplinario#sistema de fuentes

Publicaciones Similares

  • Apuntes | Evaluación del profesorado universitario y conflicto de jurisdicciones.

    PorEugènia Revilla Esteve

    Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2025 sobre la evaluación docente e investigadora del profesorado universitario, a partir del comentario de Eduardo Rojo. La resolución desplaza el conflicto desde el orden social al contencioso-administrativo al considerar que la convocatoria impugnada —emitida por UNIBASQ— no forma parte de la relación laboral, sino del ejercicio de una competencia administrativa. El caso afecta al profesorado laboral temporal de la UPV/EHU excluido de procesos de evaluación y complementos retributivos, y pone de relieve la fragmentación existente entre modelos institucionales y vías jurisdiccionales. Clave: la delimitación competencial condiciona el acceso a la tutela judicial y evidencia la falta de un marco coherente para garantizar la igualdad en la evaluación del profesorado universitario.

  • Apuntes | La irrupción de la IA en la universidad: ¿cómo evaluamos la docencia en entornos digitales?

    PorEugènia Revilla Esteve

    El impacto de la IA generativa en la docencia universitaria obliga a replantear los criterios de evaluación del profesorado jurídico, especialmente en entornos digitales. A partir del informe AI Fluency Index (Anthropic, 2026), el análisis destaca que la competencia en IA no se limita al uso instrumental, sino que implica una interacción crítica con estas herramientas: formular objetivos, contextualizar problemas, verificar resultados y mantener criterio propio.

    Este enfoque transforma el estándar de calidad docente. La experiencia profesional y el dominio técnico siguen siendo necesarios, pero deben complementarse con la capacidad de integrar la IA en el proceso de aprendizaje sin erosionar el rigor jurídico ni la autonomía interpretativa. En entornos como la universidad en línea, donde el uso de IA por parte del estudiantado es ya una práctica extendida, la evaluación docente pasa a centrarse en el uso pedagógico reflexivo de estas herramientas.

    El texto introduce además una dimensión institucional: la competencia en IA afecta a la formación del profesorado, a los sistemas de evaluación y al diseño de las actividades, configurando un cambio cultural en la construcción del conocimiento jurídico.

    Clave: la calidad docente en la era de la IA depende de la capacidad de integrar estas herramientas de forma crítica y pedagógica, no de su mera utilización.

  • Apuntes | Control digital en la Administración: límites jurídicos y protección de datos en el empleo público

    PorEugènia Revilla Esteve

    Control digital en la Administración y protección de datos: condiciones de legitimidad y garantías en el empleo público. A partir del artículo de Josefa Cantero Martínez y la guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre relaciones laborales, el análisis examina cómo el acceso a medios informáticos corporativos debe construirse jurídicamente como una injerencia en derechos fundamentales sujeta a estrictas garantías. El control digital no se legitima por la titularidad del medio, sino por la existencia de una finalidad concreta, reglas internas previas y conocidas, y un juicio riguroso de necesidad y proporcionalidad. En el contexto de digitalización administrativa, la clave se sitúa en la arquitectura jurídica del control: políticas de uso, transparencia, delimitación de finalidades, registro de tratamientos y medidas de seguridad.
    Clave: el control digital en la Administración solo es legítimo cuando está previamente estructurado y gobernado por garantías jurídicas claras.

  • Apuntes | Derecho disciplinario en el empleo público: límites de un marco conceptual agotado

    PorEugènia Revilla Esteve

    Derecho disciplinario en el empleo público: de la lógica punitiva a la lógica organizativa. A partir del planteamiento de Federico A. Castillo Blanco, el análisis cuestiona el modelo dominante que ha configurado el derecho disciplinario como una extensión del ius puniendi del Estado. La importación de categorías del derecho penal y sancionador ha generado un sistema formalmente garantista, pero con escasa operatividad, procedimientos complejos y limitado impacto en el funcionamiento de los servicios públicos. Frente a ello, se propone un cambio de enfoque hacia su anclaje constitucional en los arts. 103 y 9.3 CE, entendiendo el derecho disciplinario como instrumento de organización y responsabilidad institucional. Este desplazamiento permite diseñar regímenes más coherentes con la buena administración, diferenciando niveles de garantías según la gravedad de las infracciones y reforzando su función de integridad y profesionalidad en el empleo público.
    Clave: el derecho disciplinario requiere una reconstrucción desde la lógica organizativa y no desde la mera proyección del poder punitivo del Estado.

  • Apuntes | Función pública local: funcionamiento efectivo sobre un marco normativo envejecido

    PorEugènia Revilla Esteve

    Función pública local y sistema de fuentes: complejidad normativa, inseguridad jurídica y necesidad de reforma estructural. A partir del análisis de Jorge Fondevila Antolín, el texto examina cómo la acumulación de reformas y la redefinición del alcance de lo básico han configurado un sistema de fuentes fragmentado y difícil de operar en el ámbito local. El retorno a la prevalencia de la legislación estatal de régimen local frente al TREBEP ha reducido el margen autonómico y ha situado numerosas normas en una posición inestable, incrementando la inseguridad jurídica. Esta complejidad obliga a reconstruir continuamente la prelación normativa antes de abordar cuestiones sustantivas como selección, carrera o retribuciones, con impacto directo en la gestión y en la litigiosidad. La propuesta de un Estatuto del Empleado Público Local apunta a una solución estructural que ordene el sistema y adapte el régimen jurídico a la diversidad organizativa, especialmente en pequeños municipios.
    Clave: el problema del empleo público local no es la falta de normas, sino la ausencia de un sistema claro y coherente de fuentes.

Aviso: Los comentarios están sujetos a moderación previa. Solo se publicarán aportaciones relevantes y respetuosas en relación con el contenido jurídico de la entrada. Los comentarios publicados no podrán ser reutilizados ni tratados mediante sistemas automatizados sin autorización.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *