Interesante lectura la que ofrece Ángel Guillén Pajuelo, pero a mi modo de ver, las reformas sociales no se sostienen solo en las urnas, sino en los consensos que las hacen duraderas. Coincido con la idea de que “la reforma no debe entenderse como un acto de poder simbólico, sino como un servicio institucional a la ciudadanía: un contrato social renovado entre trabajo y vida personal”. Sin embargo, discrepo del enfoque que presenta la propuesta alternativa de un partido de la oposición como modelo óptimo. El verdadero valor de una reforma no depende del programa de un partido, sino de la capacidad real de construir consensos amplios y acuerdos sociales estables. Las transformaciones que implican un nuevo contrato social requieren sumar mayorías políticas y sociales que les den legitimidad y permanencia. La dialéctica entre partidos es necesaria, pero insuficiente: el diálogo debe ser plural y abarcar toda la sociedad.

Interesante lectura la que ofrece Ángel Guillén Pajuelo, pero a mi modo de ver, las reformas sociales no se sostienen solo en las urnas, sino en los consensos que las hacen duraderas. Coincido con la idea de que “la reforma no debe entenderse como un acto de poder simbólico, sino como un servicio institucional a la ciudadanía: un contrato social renovado entre trabajo y vida personal”. Sin embargo, discrepo del enfoque que presenta la propuesta alternativa de un partido de la oposición como modelo óptimo. El verdadero valor de una reforma no depende del programa de un partido, sino de la capacidad real de construir consensos amplios y acuerdos sociales estables. Las transformaciones que implican un nuevo contrato social requieren sumar mayorías políticas y sociales que les den legitimidad y permanencia. La dialéctica entre partidos es necesaria, pero insuficiente: el diálogo debe ser plural y abarcar toda la sociedad.
En este sentido, aunque el artículo acierta al señalar los riesgos de la unilateralidad, pasa por alto que el consenso no puede limitarse al ámbito parlamentario. Debe incluir a actores sociales, empresariales y sindicales, y reflejar la diversidad de realidades que conforman la sociedad española.
El reto, por tanto, no es quién redacta mejor la reforma, sino quién logra crear el marco político e institucional que permita aplicarla y mantenerla en el tiempo.

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