Hoy nos hemos despertado con la noticia de Expansión en la que la OCDE vuelve a advertir sobre la “insostenibilidad” futura del sistema público de pensiones. Un mensaje formulado en un tono claramente catastrofista: ampliar otra vez el período de cómputo, retrasar más la edad de jubilación y reequilibrar la fiscalidad subiendo IVA e impuestos ambientales.

Hoy nos hemos despertado con la noticia de Expansión en la que la OCDE vuelve a advertir sobre la “insostenibilidad” futura del sistema público de pensiones. Un mensaje formulado en un tono claramente catastrofista: ampliar otra vez el período de cómputo, retrasar más la edad de jubilación y reequilibrar la fiscalidad subiendo IVA e impuestos ambientales.

Poco después, el profesor Miguel Arenas Gómez ha publicado una respuesta muy bien fundamentada en su blog, que nos recuerda que España ya ha ampliado el período de cálculo hasta 27 años (ventana de 29), con un impacto claro a la baja en la pensión, especialmente en las mujeres por carreras de cotización más discontinuas. Señala también que el sistema ya ha reforzado sus ingresos: MEI, bases máximas más elevadas y mecanismos de solidaridad para salarios altos. Es decir, medidas relevantes que la OCDE no incorpora en su lectura. Añade además que los compromisos internacionales —Convenio 102 OIT, Carta Social Europea Revisada, Código Europeo de Seguridad Social— establecen la edad de referencia en 65 años, cuando España ya se mueve hacia los 67. Y recuerda la importancia de las nuevas vías de jubilación demorada y activa, que incentivan prolongar la vida laboral.

Finalmente, además de las múltiples referencias que aporta, recupera las críticas de economistas como Antonio González (CES), que cuestionan las proyecciones más alarmistas por basarse en supuestos irreales. Según este, el Ageing Report imagina que el empleo dejará de crecer en 2028 y caerá durante casi dos décadas, que la población activa bajará en 3,6 millones por hipótesis migratorias poco creíbles y que el PIB se estancará en consecuencia. Con estos escenarios tan negativos, cualquier sistema parecería insostenible. Pero cuando se recalculan las previsiones con los datos reales del INE, el gasto proyectado baja claramente y el panorama cambia por completo.

Por eso, la respuesta de Arenas —y los datos de González— aportan la perspectiva que falta en este debate. Hablar de pensiones exige rigor: derecho vigente, economía real y análisis crítico de los supuestos. No titulares alarmistas que se repiten década tras década sin cumplirse.

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