Boletin

  • Debates | Inteligencia artificial generativa: un debate estructural

    PorEugènia Revilla Esteve

    El working paper de Eurofound (Adăscăliței, 2026) ofrece una radiografía empírica del uso de la inteligencia artificial generativa en la Unión Europea, evidenciando que su adopción no es homogénea, sino profundamente desigual. Aunque cerca de un tercio de la población ha utilizado estas herramientas, el análisis muestra que el uso privado supera al profesional, anticipando un desajuste entre prácticas reales y marcos organizativos de gobernanza.

    El estudio identifica brechas estructurales relevantes: fuerte concentración del uso en personas con mayor nivel educativo, especial intensidad en ocupaciones TIC y una clara dimensión generacional, con una adopción significativamente más alta entre jóvenes. La IA generativa aparece así no solo como tecnología, sino como factor de redistribución de oportunidades y potencial amplificador de desigualdades en el mercado de trabajo.

    Clave: la IA generativa se expande de forma desigual y exige marcos de gobernanza que eviten que la innovación tecnológica refuerce brechas existentes.

  • Apuntes | El galimatías del régimen jurídico de las retribuciones de los funcionarios de Administración local.

    PorEugènia Revilla Esteve

    La reflexión sobre el régimen retributivo del empleo público local, a partir del análisis de Federico A. Castillo Blanco, sitúa el problema más allá de la técnica salarial y lo vincula con un déficit estructural de arquitectura institucional. El sistema aparece configurado por acumulación normativa y desarrollos incompletos del EBEP y de las legislaciones autonómicas, generando inseguridad jurídica y dificultades de gestión en las entidades locales.

    El mantenimiento del RD 861/1986 se interpreta como expresión de una “transitoriedad permanente”, sostenida en parte por una jurisprudencia que ha priorizado la estabilidad del sistema, aunque ello suponga prolongar esquemas normativos desactualizados. A ello se añade el condicionante de la estabilidad presupuestaria, que ha reforzado la uniformidad retributiva y limitado la adaptación a realidades organizativas diversas.

    El análisis incorpora además una dimensión multinivel, evidenciando la dependencia del régimen local respecto de decisiones estatales y autonómicas que no siempre se ajustan a las especificidades municipales. El debate se proyecta así como una cuestión de coherencia institucional y de gobernanza territorial, más que como un problema estrictamente retributivo.

  • Debates | El SMI más allá del marco interno: hacia una reconfiguración del debate jurídico

    PorEugènia Revilla Esteve

    Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados y reconfiguración del SMI en el Derecho del Trabajo español.
    Directiva (UE) 2022/2041 y reconfiguración del SMI hacia el estándar de salario adecuado.

    El debate sobre el SMI deja de ser exclusivamente interno y se redefine a partir del criterio europeo de “salario adecuado”, que exige valorar su capacidad real para garantizar una vida digna. La Directiva introduce un marco multinivel que obliga a reinterpretar instituciones clásicas del Derecho del Trabajo español.

    Clave: el SMI ya no es solo una cifra formal, sino una garantía material integrada en un sistema europeo de protección.

  • Gema de jurisprudencia | Sucesión empresarial en notarías: continuidad organizativa y límites al periodo de prueba

    PorEugènia Revilla Esteve

    La STS 27/2026 delimita la potestad de autoorganización de la Administración en la definición de perfiles técnicos, avalando la reserva de determinados puestos a titulaciones específicas cuando exista una conexión funcional objetiva entre la cualificación exigida y las tareas a desempeñar. El Tribunal Supremo sitúa esta decisión en el ámbito de la buena administración, siempre que esté motivada, sea proporcionada y responda a necesidades reales del servicio.

    La sentencia refuerza un modelo de función pública técnica basado en la especialización, especialmente en ámbitos de alta complejidad y responsabilidad como el urbanismo, y precisa que el principio de igualdad en el acceso al empleo público no exige una apertura indiscriminada de titulaciones, sino una definición racional y funcional de los perfiles. La idoneidad profesional se vincula así directamente con la calidad del servicio y la seguridad jurídica de la actuación administrativa.

    Clave: la reserva de puestos a titulaciones concretas es legítima cuando responde a una necesidad funcional objetiva y se integra en la potestad organizativa de la Administración.

  • Debates | Discrecionalidad en los nombramientos públicos y control judicial: a propósito de la STC 7/2026

    PorEugènia Revilla Esteve

    STC 7/2026, de 15 de enero, del Tribunal Constitucional, sobre discrecionalidad en los nombramientos públicos y límites del control judicial en el acceso a funciones públicas.

    La sentencia analiza un recurso de amparo relativo a un nombramiento en la carrera fiscal y declara que el Tribunal Supremo vulneró el art. 23.2 CE al anularlo. El Tribunal Constitucional delimita el alcance del control judicial, afirmando que este debe centrarse en la legalidad, la motivación y la ausencia de arbitrariedad, sin sustituir el juicio discrecional del órgano competente.

    Desde una perspectiva práctica, la resolución refuerza la idea de que el control jurisdiccional no puede convertirse en una revisión sustantiva de los nombramientos discrecionales, especialmente cuando ello altera el equilibrio entre discrecionalidad administrativa y garantía de igualdad en el acceso al empleo público.

    Clave: el control judicial tiene límites y no puede sustituir la discrecionalidad administrativa en los nombramientos sin afectar al derecho fundamental del art. 23.2 CE.

  • Apuntes | Despido disciplinario y videovigilancia. Límites del RCUD.

    PorEugènia Revilla Esteve

    El análisis de la STS 495/2026 se centra en la autonomía del reconocimiento del trabajador como prueba suficiente para declarar la procedencia del despido disciplinario, incluso cuando la prueba inicial de videovigilancia ha sido considerada ilícita. El Tribunal Supremo confirma que la nulidad de una prueba no implica automáticamente la nulidad del despido si existen elementos probatorios independientes válidos.

    El debate se desplaza, sin embargo, hacia la técnica casacional empleada. Aunque la cuestión de la videovigilancia había quedado fuera del recurso por falta de contradicción, la sentencia incorpora valoraciones sobre su proporcionalidad y contexto, lo que plantea dudas sobre el alcance del control en el recurso de casación para la unificación de doctrina. La resolución no solo afirma la suficiencia del reconocimiento, sino que recontextualiza indirectamente una cuestión formalmente cerrada, tensionando los límites propios del recurso extraordinario.

    Clave: el reconocimiento del trabajador puede operar como prueba autónoma suficiente, pero la sentencia suscita dudas sobre los límites del control casacional al introducir valoraciones sobre pruebas excluidas del recurso.

  • Apuntes | La irrupción de la IA en la universidad: ¿cómo evaluamos la docencia en entornos digitales?

    PorEugènia Revilla Esteve

    El impacto de la IA generativa en la docencia universitaria obliga a replantear los criterios de evaluación del profesorado jurídico, especialmente en entornos digitales. A partir del informe AI Fluency Index (Anthropic, 2026), el análisis destaca que la competencia en IA no se limita al uso instrumental, sino que implica una interacción crítica con estas herramientas: formular objetivos, contextualizar problemas, verificar resultados y mantener criterio propio.

    Este enfoque transforma el estándar de calidad docente. La experiencia profesional y el dominio técnico siguen siendo necesarios, pero deben complementarse con la capacidad de integrar la IA en el proceso de aprendizaje sin erosionar el rigor jurídico ni la autonomía interpretativa. En entornos como la universidad en línea, donde el uso de IA por parte del estudiantado es ya una práctica extendida, la evaluación docente pasa a centrarse en el uso pedagógico reflexivo de estas herramientas.

    El texto introduce además una dimensión institucional: la competencia en IA afecta a la formación del profesorado, a los sistemas de evaluación y al diseño de las actividades, configurando un cambio cultural en la construcción del conocimiento jurídico.

    Clave: la calidad docente en la era de la IA depende de la capacidad de integrar estas herramientas de forma crítica y pedagógica, no de su mera utilización.

  • Piezas europeas| Cuestión prejudicial y cuestión de inconstitucionalidad: orden de planteamiento tras el asunto Petlichev (C-56/25)

    PorEugènia Revilla Esteve

    STJUE de 12 de febrero de 2026, asunto Petlichev (C-56/25), sobre la relación entre cuestión prejudicial y cuestión de inconstitucionalidad.

    La sentencia aclara que no existe una prioridad rígida entre ambas, pero reafirma que ninguna norma procesal interna puede impedir o retrasar el acceso al TJUE conforme al art. 267 TFUE. Al mismo tiempo, admite que los sistemas internos exijan un análisis previo del Derecho de la Unión, lo que en la práctica puede favorecer el planteamiento anticipado de la prejudicial.

    Clave: no hay jerarquía entre vías, pero sí una garantía absoluta de acceso al TJUE que condiciona la estrategia procesal cuando concurren dudas europeas y constitucionales.

  • Debates | “The Adolescence of Technology”: riesgos y gobernanza de la IA avanzada

    PorEugènia Revilla Esteve

    “The Adolescence of Technology” (2026), de Dario Amodei, y la brecha entre desarrollo de la IA y capacidad institucional de gobernanza.

    El ensayo plantea que la inteligencia artificial ha entrado en una fase de “adolescencia tecnológica”, en la que el avance técnico supera la adaptación de los marcos jurídicos e institucionales. Más que un debate futurista, sitúa el foco en la capacidad real de los sistemas de regulación, responsabilidad y gobernanza para gestionar riesgos y transformaciones organizativas.

    Clave: el desafío no es el desarrollo de la IA en sí, sino la insuficiente adaptación de las estructuras jurídicas e institucionales para gobernarla con garantías.

  • Gema de jurisprudencia | Trienios y LPGE 2021: doctrina consolidada del TS

    PorEugènia Revilla Esteve

    La STS 75/2026 consolida la doctrina fijada por la STS 4451/2025 sobre el régimen de trienios en procesos de funcionarización, reafirmando el principio de irretroactividad de la reforma introducida por la LPGE 2021 en el art. 2 de la Ley 70/1978. El Tribunal Supremo establece que los trienios perfeccionados y reconocidos como personal laboral antes de la reforma deben mantenerse conforme a la cuantía vigente en el momento de su consolidación, sin verse afectados por el nuevo régimen retributivo.

    La sentencia aporta seguridad jurídica al diferenciar entre derechos económicos ya consolidados —que permanecen inalterados— y los reconocimientos posteriores, que quedan sujetos al sistema retributivo del cuerpo o escala funcionarial. Este criterio tiene una proyección directa en la gestión del empleo público, especialmente en procesos de funcionarización y revisión de retribuciones.

    Clave: los trienios reconocidos antes de la reforma de 2021 mantienen su cuantía original, sin aplicación retroactiva del nuevo régimen.5 al afirmar que la reforma de la LPGE 2021 no puede aplicarse a derechos ya consolidados. Los trienios reconocidos como personal laboral antes de 2021 deben mantenerse conforme a la cuantía vigente en el momento de su perfeccionamiento, sin efectos retroactivos.

    Clave: la reforma normativa opera solo hacia el futuro y no puede alterar derechos retributivos previamente reconocidos, reforzando la seguridad jurídica en el empleo público.