Joyas de jurisprudencia | Entrada en la sede social de la empresa: el giro del Supremo sobre la ITSS

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 441/2026, de 14 de abril (rec. 3188/2025), aborda una cuestión que, en apariencia, podría considerarse meramente técnica: si la Inspección de Trabajo puede acceder a un centro de trabajo sin autorización judicial cuando este coincide con el domicilio social de una empresa.

El caso parte de una actuación frecuente en la práctica inspectora. La Inspección de Trabajo, con auxilio policial, accede sin autorización judicial ni consentimiento a una nave industrial que constituye tanto el centro de trabajo como el domicilio social de la empresa. No hay registro ni intervención de documentación. La actuación se plantea como una mera entrada operativa para verificar determinadas circunstancias vinculadas a otra entidad.

La respuesta del Tribunal Supremo es: la entrada es ilícita. No por lo que se hace dentro, sino por cómo se accede.

Durante años, el análisis se ha centrado en lo que hace la Inspección de Trabajo una vez dentro: si registra, si accede a documentación o si interviene información sensible. La sentencia desplaza ese enfoque. El problema no está en la intensidad de la actuación posterior, sino en el momento previo: el acceso al espacio protegido. El art. 18.2 CE no condiciona la exigencia de autorización judicial a la existencia de registro; alcanza también a la mera entrada. Esto es, la garantía no opera después de la actuación inspectora, sino antes de que esta se produzca. La autorización judicial no sirve para validar lo actuado, sino que constituye el requisito que permite acceder. No es un control a posteriori, sino una condición de posibilidad de la actuación de la Inspección.

Desde esta perspectiva, la sentencia muestra un desajuste claro: un marco legal que permite a la Inspección de Trabajo entrar de forma inmediata en los centros de trabajo y una exigencia constitucional que obliga a contar con autorización judicial previa cuando ese acceso afecta a un espacio protegido.

El art. 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, permite a la Inspección de Trabajo entrar libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en los centros de trabajo. Solo exige consentimiento expreso o, en su defecto, autorización judicial cuando el centro inspeccionado coincide con el domicilio de una persona física. Nada dispone respecto de las personas jurídicas. Ese silencio, que durante años ha operado en la práctica como una habilitación implícita, es reinterpretado ahora por el Tribunal Supremo como una insuficiencia normativa. Según este, la cobertura legal de la actuación inspectora no es suficiente cuando entra en juego un derecho fundamental. No se trata de reducir las facultades de la Inspección de Trabajo, sino de precisar las condiciones en que pueden ejercerse cuando afectan a un espacio protegido: la entrada no queda cubierta solo por la habilitación legal, sino que exige cumplir la garantía constitucional de autorización judicial previa.

Este punto pone de manifiesto un problema claro: se atribuyen a la Inspección facultades de actuación muy intensas, pero no se fijan con la misma precisión las condiciones en que pueden ejercerse cuando afectan a espacios protegidos. La norma concreta bien la habilitación, pero deja incompletas las garantías.

La sentencia añade, además, un elemento relevante: la delimitación física de los espacios de la empresa pasa a ser decisiva. Cuando el domicilio social y el centro de trabajo coinciden en un mismo inmueble, la distinción entre ambos no puede hacerse en abstracto, sino que depende de cómo estén separados en la práctica. El Tribunal admite que la autorización judicial podría no ser necesaria si la Inspección actúa únicamente en la zona productiva, pero exige dos condiciones claras: que exista una separación física apreciable respecto de la zona destinada a funciones de dirección o custodia de documentación y que esa limitación de la actuación se defina desde el inicio.

Este matiz es relevante porque muestra que la garantía no depende solo de la norma, sino también de cómo se organiza el espacio y de cómo se desarrolla la actuación inspectora. La protección del domicilio no se decide únicamente en abstracto, sino en función de si, en la práctica, existe una separación real entre las zonas y de si la Inspección delimita su actuación desde el inicio.

No se trata, por tanto, solo de si hace falta autorización judicial o no. Lo que está en juego es cómo se interviene en espacios donde coinciden funciones distintas —dirección, gestión y producción— y donde la distinción entre domicilio y centro de trabajo no es evidente sin atender a la realidad física del lugar.

Desde esta perspectiva, la sentencia obliga a revisar cómo actúa la Inspección. No basta con graduar la intensidad de la actuación una vez dentro. Es necesario determinar antes de entrar qué parte del espacio se va a inspeccionar y, si ese acceso afecta a una zona protegida, obtener autorización judicial previa.

Pero también plantea una cuestión más directa: si el modelo actual de actuación de la Inspección está preparado para intervenir en empresas donde el espacio no es uniforme y conviven funciones distintas en un mismo lugar. La respuesta que se desprende de la sentencia es que no del todo. Esta sentencia lo muestra con claridad al analizar la entrada de la Inspección de Trabajo, con auxilio policial, en una nave que era a la vez centro de trabajo y sede social, sin autorización judicial ni consentimiento del titular.

En este contexto, la entrada deja de ser una cuestión operativa y pasa a ser una cuestión constitucional. La lógica de la actuación inspectora se desplaza: ya no se centra en lo que se hace una vez dentro, sino en cómo se accede al espacio.

Clave: La autorización judicial del art. 18.2 CE se exige por la mera entrada en un espacio protegido, aunque no haya registro ni acceso a documentación. El TS desplaza el análisis al momento de acceso y convierte la autorización en un requisito previo de actuación, lo que obliga a reinterpretar el art. 13.1 de la Ley 23/2015 cuando el centro de trabajo coincide con la sede social.

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