art. 18.2 CE

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 441/2026, de 14 de abril (rec. 3188/2025), analiza si la Inspección de Trabajo puede entrar sin autorización judicial en una empresa cuando el centro de trabajo coincide con la sede social. El Tribunal Supremo fija como doctrina que la autorización judicial del art. 18.2 CE se exige por la mera entrada en un espacio protegido, aunque no exista registro ni acceso a documentación, desplazando el análisis al momento de acceso. La autorización pasa a ser un requisito previo de actuación y no un control posterior. La sentencia obliga a reinterpretar el art. 13.1 de la Ley 23/2015 y condiciona la práctica inspectora, destacando además la relevancia de la delimitación física entre zonas productivas y espacios protegidos dentro de la empresa.