La aprobación del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, fija un escenario que va mucho más allá de una simple actualización salarial. La norma da continuidad a una tendencia que viene consolidándose desde 2018: acuerdos plurianuales, límites estatales homogéneos y un uso creciente del real decreto-ley para asegurar que los incrementos se aplican incluso en periodos de prórroga presupuestaria.

La aprobación del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, fija un escenario que va mucho más allá de una simple actualización salarial. La norma da continuidad a una tendencia que viene consolidándose desde 2018: acuerdos plurianuales, límites estatales homogéneos y un uso creciente del real decreto-ley para asegurar que los incrementos se aplican incluso en periodos de prórroga presupuestaria.

En este caso, el impacto es amplio y directo para todas las administraciones: Estado, comunidades autónomas, entidades locales y universidades públicas.
El decreto fija un +2,5% en 2025 y un +1,5% en 2026, con la posibilidad de un +0,5% adicional si la inflación del 2026 supera el 1,5%. Son porcentajes de carácter básico, lo que significa que ninguna Administración puede superarlos, y que también actúan como límite para la masa salarial del personal laboral.

Pero la novedad está en otro lugar: el RDL introduce un horizonte plurianual nítido y, por primera vez, permite que cada Administración decida cómo organizar el pago de los atrasos de 2025, pudiendo abonarlos en diciembre de este año o escalonarlos hasta 2028. Para ayuntamientos y universidades, donde la ejecución presupuestaria es especialmente sensible, este margen de gestión no es menor.

El resultado es un marco que combina seguridad y flexibilidad: seguridad en los topes y efectos económicos, y flexibilidad en la ejecución. Y confirma un cambio de ciclo en la regulación retributiva: dejamos atrás los modelos vinculados al crecimiento del PIB y consolidamos un esquema ligado a la inflación y a la necesidad de preservar el poder adquisitivo del empleo público.

En definitiva, más que una actualización salarial, estamos ante una pieza que ordena el inicio del nuevo ciclo 2025–2028 y que condicionará la planificación de recursos humanos en todo el sector público.

Contenido protegido. No autorizado su uso para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sin autorización expresa.