La lectura de la aportación de María Teresa Alameda Castillo confirma algo que cada vez es más evidente: el trabajo en plataformas está desdibujando las fronteras que durante décadas han ordenado nuestro Derecho del Trabajo. La distinción rígida entre empleo asalariado y trabajo autónomo ya no explica la realidad de quienes prestan servicios en este ecosistema digital profundamente híbrido. Y cuando las categorías tradicionales ya no alcanzan, el sistema de garantías tampoco puede seguir anclado en ellas.

La lectura de la aportación de María Teresa Alameda Castillo confirma algo que cada vez es más evidente: el trabajo en plataformas está desdibujando las fronteras que durante décadas han ordenado nuestro Derecho del Trabajo. La distinción rígida entre empleo asalariado y trabajo autónomo ya no explica la realidad de quienes prestan servicios en este ecosistema digital profundamente híbrido. Y cuando las categorías tradicionales ya no alcanzan, el sistema de garantías tampoco puede seguir anclado en ellas.

La Directiva (UE) 2024/2831 es un buen ejemplo de esta transición. Por primera vez, se reconoce que ciertos derechos —especialmente los vinculados a la transparencia algorítmica, al control humano de decisiones automatizadas y a los límites en el uso de datos— deben proteger también a quienes operan como autónomos en plataformas. No se trata de equiparar estatutos jurídicos, sino de asegurar un núcleo mínimo de garantías allí donde los algoritmos influyen en la continuidad, la reputación o los ingresos de miles de personas. La presunción de laboralidad es solo una pieza más en este marco más amplio de protección.

La OIT avanza en la misma dirección. Su trabajo preparatorio hacia un Convenio y una Recomendación sobre trabajo decente en plataformas parte de una constatación difícil de ignorar: las reglas del juego se están reescribiendo a escala global. La mayoría de las plataformas operan con plantillas mayoritariamente autónomas, pero desempeñan funciones que condicionan de forma intensa la organización y ejecución del trabajo. De ahí la necesidad de extender garantías fundamentales —libertad sindical, igualdad, salud laboral, protección de datos— a todas las personas trabajadoras, con independencia de su clasificación contractual.

En este contexto, la clave no es decidir si nos encontramos ante asalariados o autónomos, sino cómo asegurar que nadie quede fuera del perímetro de la protección en una economía intermediada por algoritmos. El debate europeo e internacional parece converger en un modelo híbrido donde la transparencia, la supervisión humana y la prohibición de prácticas lesivas se convierten en pilares comunes. Probablemente, este sea el auténtico punto de inflexión: el reconocimiento de que la regulación de plataformas ya no puede seguir dicotomías del siglo XX. Lo relevante es garantizar condiciones dignas allí donde se produce trabajo, sea cual sea la etiqueta jurídica.

Contenido protegido. No autorizado su uso para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sin autorización expresa.