Debates | El Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, suscrito de 5 de diciembre de 2025.

El BOE de 7 de febrero de 2026 publica el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, suscrito entre el Gobierno y las organizaciones sindicales representativas del sector público el 5 de diciembre de 2025. No estamos ante una norma jurídica en sentido estricto, sino ante un instrumento de orientación política y de negociación colectiva que fija la evolución del empleo público a medio plazo.

El acuerdo responde a un contexto muy concreto: necesidad de reducir la temporalidad estructural, relevo generacional inminente en amplias capas de las administraciones, presión tecnológica derivada de la digitalización y la inteligencia artificial, y exigencias crecientes de calidad y accesibilidad de los servicios públicos. En este sentido, su objetivo principal es reforzar un modelo de empleo público estable, profesional y alineado con los retos organizativos y tecnológicos actuales, integrando además compromisos en materia de igualdad, salud laboral, conciliación y calidad institucional.

Su contenido combina compromisos retributivos plurianuales hasta 2028, medidas para agilizar procesos selectivos y reforzar la planificación estratégica de plantillas, impulso de la promoción interna y la carrera profesional, capacitación en competencias digitales e IA, y actuaciones en igualdad, salud laboral, conciliación y responsabilidad institucional. También prevé instrumentos de gobernanza como el refuerzo del Observatorio del Empleo Público y mecanismos específicos de seguimiento.

Las implicaciones son esencialmente estratégicas. El acuerdo no modifica por sí mismo el régimen jurídico del empleo público, pero suele anticipar reformas normativas, orientar políticas salariales y condicionar la agenda de modernización administrativa. Su eficacia dependerá del desarrollo posterior mediante normas, negociación colectiva y decisiones presupuestarias.

En definitiva, más que una norma, el acuerdo funciona como un marco estratégico que anticipa tendencias y prioridades en la política de empleo público. Su verdadero alcance dependerá, como siempre en estos casos, del grado de desarrollo normativo y presupuestario que finalmente se materialice.

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