«La desaparició dels aprenents»
La meva peça d’avui a La Vanguardia
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La STSJ Galicia 462/2026 delimita el alcance jurídico de los códigos éticos empresariales y de los sistemas de compliance en relación con el despido disciplinario, estableciendo que estos instrumentos de autorregulación no constituyen fuente normativa en el sentido del art. 3 ET ni pueden añadir requisitos formales de validez más allá de los previstos en los arts. 54 y 55 ET.
La sentencia fija un criterio relevante en el sistema de fuentes: los códigos internos pueden orientar la conducta, influir en la valoración de la gravedad o reforzar estándares organizativos, pero no pueden redefinir por sí solos la estructura formal del despido. Admitir lo contrario implicaría permitir que el soft law empresarial altere indirectamente el régimen legal del Derecho del Trabajo.
Clave: los códigos éticos y canales de compliance no crean requisitos formales adicionales para el despido disciplinario si no tienen respaldo legal o convencional.
El impacto de la IA generativa en la docencia universitaria obliga a replantear los criterios de evaluación del profesorado jurídico, especialmente en entornos digitales. A partir del informe AI Fluency Index (Anthropic, 2026), el análisis destaca que la competencia en IA no se limita al uso instrumental, sino que implica una interacción crítica con estas herramientas: formular objetivos, contextualizar problemas, verificar resultados y mantener criterio propio.
Este enfoque transforma el estándar de calidad docente. La experiencia profesional y el dominio técnico siguen siendo necesarios, pero deben complementarse con la capacidad de integrar la IA en el proceso de aprendizaje sin erosionar el rigor jurídico ni la autonomía interpretativa. En entornos como la universidad en línea, donde el uso de IA por parte del estudiantado es ya una práctica extendida, la evaluación docente pasa a centrarse en el uso pedagógico reflexivo de estas herramientas.
El texto introduce además una dimensión institucional: la competencia en IA afecta a la formación del profesorado, a los sistemas de evaluación y al diseño de las actividades, configurando un cambio cultural en la construcción del conocimiento jurídico.
Clave: la calidad docente en la era de la IA depende de la capacidad de integrar estas herramientas de forma crítica y pedagógica, no de su mera utilización.
Cambio de época y reorganización del poder: tecnología, datos y acción colectiva en el siglo XXI. A partir del artículo “Hola, siglo XXI” de Genís Roca, publicado en La Vanguardia el 12 de enero de 2026, el análisis sitúa el momento actual como una reconfiguración estructural del poder en torno a la tecnología, los datos y el control de recursos. Más allá de crisis coyunturales, se describe un escenario en el que fenómenos ecológicos, sanitarios y geopolíticos condicionan la capacidad de acción de las sociedades y desplazan el centro de lo político hacia infraestructuras digitales y sistemas de información. En este contexto, la ciudadanía se enfrenta al reto de redefinir sus formas de participación y acción colectiva en un entorno donde la tecnología no es un elemento accesorio, sino estructural.
Clave: la política del siglo XXI se juega también en las infraestructuras digitales que organizan el poder, la información y la acción colectiva.
El análisis de la STS 495/2026 se centra en la autonomía del reconocimiento del trabajador como prueba suficiente para declarar la procedencia del despido disciplinario, incluso cuando la prueba inicial de videovigilancia ha sido considerada ilícita. El Tribunal Supremo confirma que la nulidad de una prueba no implica automáticamente la nulidad del despido si existen elementos probatorios independientes válidos.
El debate se desplaza, sin embargo, hacia la técnica casacional empleada. Aunque la cuestión de la videovigilancia había quedado fuera del recurso por falta de contradicción, la sentencia incorpora valoraciones sobre su proporcionalidad y contexto, lo que plantea dudas sobre el alcance del control en el recurso de casación para la unificación de doctrina. La resolución no solo afirma la suficiencia del reconocimiento, sino que recontextualiza indirectamente una cuestión formalmente cerrada, tensionando los límites propios del recurso extraordinario.
Clave: el reconocimiento del trabajador puede operar como prueba autónoma suficiente, pero la sentencia suscita dudas sobre los límites del control casacional al introducir valoraciones sobre pruebas excluidas del recurso.
Releyendo la entrevista de Manuel Castells publicada en El País (sección Ideas, 21 de diciembre de 2025, entrevista de Delia Rodríguez), hay una idea que resulta especialmente pertinente para el debate actual sobre…
Regularización de inmigrantes en España: de política pública a trayectorias de vida invisibles. Este análisis recorre las regularizaciones desde 1986 hasta la prevista en 2026, mostrando cómo estos procesos responden a realidades sociales ya consolidadas y evidencian el desajuste entre integración social y reconocimiento jurídico. El foco se desplaza desde la norma hacia las personas: trabajadores, familias y menores que viven dentro del sistema, pero sin encaje administrativo estable. La irregularidad aparece así no como excepción, sino como resultado estructural de rigideces normativas y tiempos administrativos.
Clave: la regularización no solo ordena el sistema, sino que revela las trayectorias vitales que este deja fuera entre proceso y proceso.