La cuestión prejudicial C-245/25, registrada en el TJUE el 1 de abril de 2025, abre un debate relevante sobre cómo deben tratarse las pruebas periciales que incorporan resultados generados de forma automatizada bajo el nuevo AI Act.

La cuestión prejudicial C-245/25, registrada en el TJUE el 1 de abril de 2025, abre un debate relevante sobre cómo deben tratarse las pruebas periciales que incorporan resultados generados de forma automatizada bajo el nuevo AI Act.

El caso nace de un accidente de tráfico en Bulgaria. El perito judicial utilizó el software Virtual Crash 4.0 para simular la secuencia del siniestro. La parte demandante cuestiona que el programa fue diseñado para el mercado estadounidense (con parámetros distintos) y que no es posible conocer con precisión cómo se generan todos los cálculos internos. El experto afirma que verificó manualmente los resultados y que adaptó los parámetros a estándares europeos, aunque sin trazabilidad completa.

El tribunal nacional plantea al TJUE preguntas que van al núcleo del AI Act: si este tipo de software encaja en la definición de sistema de IA y, en su caso, si es de alto riesgo al influir en una decisión judicial; si el derecho a explicación del artículo 86 exige detallar todos los cálculos o basta la verificación profesional; cómo se garantiza la supervisión humana en informes periciales apoyados en algoritmos; y qué papel juega el derecho a un juicio justo cuando una decisión se basa en una prueba parcialmente automatizada.

La cuestión de fondo es clara: ¿pueden los tribunales apoyarse en un informe pericial basado en un software cuyo funcionamiento interno no es completamente accesible, incluso si el experto ha revisado y ajustado la salida generada?

Un asunto que ayudará a clarificar el papel de los sistemas automatizados en la elaboración y valoración de la prueba pericial.

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