Debates en curso | ¿Un único Grupo A en la función pública?

Debates en curso | ¿Un único Grupo A en la función pública?

En los últimos días, ha pasado relativamente desapercibida una iniciativa con un impacto potencial muy relevante en la función pública: la admisión a trámite en el Congreso de una proposición de ley, impulsada por el Parlamento de Cantabria, para modificar el art. 76 del TREBEP y eliminar la distinción entre los subgrupos funcionariales A1 y A2, creando un único “Grupo A” para el acceso con titulación universitaria de grado o equivalente.

La propuesta parte de una idea sencilla: tras el Plan Bolonia, todas las titulaciones universitarias se estructuran formalmente como grados, por lo que la división A1/A2 —heredera del antiguo binomio licenciatura/diplomatura— habría perdido su base académica. Desde esta perspectiva, se defiende que la clasificación debería descansar menos en la titulación formal y más en las funciones, el nivel de responsabilidad y las características reales de los procesos selectivos, aspectos que ya menciona el propio art. 76 del TREBEP, pero hoy dentro de dos subgrupos distintos.

El debate, sin embargo, va mucho más allá de la titulación. La distinción A1/A2 no es solo retributiva: estructura los cuerpos y escalas, condiciona los sistemas de acceso y promoción interna, delimita el acceso a determinados puestos y actúa como pieza de coherencia entre exigencia selectiva, funciones asignadas y carrera profesional. Eliminarla por ley traslada la necesidad de diferenciar a otros niveles (diseño de pruebas, clasificación de cuerpos, RLT y valoración de puestos), sin que el texto garantice por sí solo cómo se mantendrá esa coherencia, especialmente en ámbitos con profesiones reguladas o con procesos de acceso históricamente muy exigentes.

Por eso, más que un debate “Bolonia sí o no”, la cuestión de fondo es si una reforma general del art. 76 es el instrumento adecuado para corregir disfunciones reales —especialmente visibles en el ámbito local y en determinados colectivos— o si el riesgo es resolver un problema de gestión concreta con una modificación estructural de gran alcance. La iniciativa abre un debate necesario, pero también exige un análisis técnico profundo sobre ordenación de cuerpos, mérito y capacidad, diseño de procesos selectivos y efectos sobre la carrera profesional en el conjunto de las administraciones públicas.

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