Caso Obadal | el Tribunal Supremo reconstruye la sanción del abuso de temporalidad entre indemnización, fijeza limitada e intervención de la Inspección de Trabajo

La nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial publicada hoy 12 de mayo confirma, de forma muy clara, que el Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha optado por construir una respuesta “compatible” con la Sentencia Obadal sin asumir la consecuencia más disruptiva que muchos sectores esperaban tras el pronunciamiento europeo: la conversión generalizada en fijo como sanción frente al abuso de temporalidad en el empleo público.

Con toda la prudencia que supone deducir doctrina a partir de una nota de prensa —sin disponer todavía del texto íntegro de la sentencia—, lo primero que resulta relevante es que el Tribunal Supremo parece aceptar el núcleo de la crítica europea. Es decir, asume que el sistema español necesitaba reforzar las medidas frente al abuso y que la respuesta existente no era suficiente tal como estaba configurada. La clave, sin embargo, está en cómo reconstruye esa respuesta. El Supremo desplaza el eje desde la estabilización automática hacia un modelo dual basado en indemnización individualizada más sanción administrativa.

Eso supone un cambio importante respecto de la doctrina previa de la Sala Social. Hasta ahora, uno de los problemas estructurales era precisamente que las indemnizaciones aparecían como respuestas tasadas, limitadas o insuficientemente disuasorias. La referencia expresa a que la indemnización deberá calcularse “conforme a los criterios fijados” por el TJUE apunta a que el Supremo quiere alejarse del esquema rígido tradicional y acercarse a una reparación más individualizada, ligada a la duración, reiteración y circunstancias concretas del abuso, tal y como exigía Obadal.

Pero lo verdaderamente significativo es el segundo elemento: la remisión a la Inspección de Trabajo. Ahí aparece una auténtica reconstrucción sistémica de la sanción. El Supremo parece querer decir que la Cláusula 5 del Acuerdo Marco no exige necesariamente que toda sanción recaiga exclusivamente en la relación laboral individual, sino que puede existir una combinación entre reparación al trabajador y reacción sancionadora institucional frente a la Administración empleadora. Ese punto es jurídicamente muy interesante porque intenta responder a una de las críticas centrales del TJUE: la ausencia de efecto disuasorio real. Si la constatación judicial del activa actuaciones inspectoras y eventualmente sanciones administrativas, el Tribunal Supremo puede sostener que ya no estamos ante un sistema inocuo para la Administración.

Ahora bien, el problema doctrinal probablemente se desplazará hacia otra cuestión: si esa combinación es realmente suficientemente efectiva, proporcionada y disuasoria en los términos exigidos por el Derecho de la Unión. Porque el TJUE no solo cuestionaba la existencia abstracta de medidas, sino su capacidad real para eliminar las consecuencias del abuso. Y ahí seguirá existiendo debate.

La parte más novedosa —y probablemente más trascendente— es la excepción que abre el Supremo. La Sala admite la conversión de la relación laboral en fija cuando concurren dos elementos acumulativos: haber superado previamente un proceso selectivo para acceso fijo sujeto a igualdad, mérito y capacidad, y que posteriormente exista abuso de temporalidad. Eso introduce una auténtica fractura interna dentro de la categoría de personal temporal abusado. El Supremo parece construir aquí una especie de “fijeza constitucionalmente compatible”, basada en que el obstáculo constitucional desaparece cuando la persona ya acreditó su capacidad en un procedimiento competitivo de acceso al empleo fijo.

El Tribunal intenta conciliar tres planos simultáneamente: la primacía del Derecho de la Unión, la doctrina constitucional sobre acceso al empleo público y la exigencia europea de una sanción efectiva frente al abuso de temporalidad. La idea que parece desprenderse de la nota de prensa es que el problema constitucional no estaría tanto en reconocer la condición de fijo, sino en hacerlo respecto de personas que no hayan superado previamente un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Eso explica por qué la Sala declara fija a la trabajadora del caso concreto. Según la nota, la demandante había superado un proceso selectivo para contratación fija, aunque sin obtener plaza por insuficiencia de vacantes. A partir de ahí, el abuso posterior revelaría que existía en realidad una necesidad estructural de empleo y permitiría convertir la relación en fija sin vulnerar el marco constitucional.

La consecuencia potencial de esta doctrina puede ser enorme. Porque abre una nueva línea litigiosa centrada en identificar qué procesos selectivos previos pueden considerarse suficientes para entender cumplidos los principios constitucionales de acceso. Y ahí aparecerán muchas cuestiones complejas: bolsas derivadas de oposiciones, procesos sin plaza pero con nota mínima superada, listas de reserva, concursos-oposición, pruebas parciales, procesos de estabilización, etc.

También será decisivo ver cómo concreta el Supremo la indemnización “Obadal”. La nota del CGPJ adelanta el esquema conceptual, pero todavía no sabemos cómo se cuantificará realmente el daño, qué criterios utilizará la Sala, si habrá baremos orientativos o si se abrirá una verdadera reparación casuística.

Además, esta doctrina puede generar una diferenciación importante entre jurisdicciones. La Sala Social parece moverse hacia una reinterpretación relativamente flexible del sistema, mientras que la Sala Tercera había mostrado hasta ahora una posición mucho más restrictiva en los autos de inadmisión posteriores a Obadal, como el ATS 4204/2026. A mi juicio, en el fondo, lo que está haciendo el Supremo es intentar evitar una colisión frontal entre el modelo constitucional español de empleo público y las exigencias europeas sobre abuso de temporalidad.

La fórmula que anticipa la nota de prensa parece relativamente clara: no habrá una conversión automática y generalizada en fijo como consecuencia del abuso, pero sí puede admitirse esa conversión cuando el eventual obstáculo constitucional quede previamente salvado porque la persona trabajadora ya hubiera superado un proceso selectivo competitivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. En los demás supuestos, la respuesta se desplazaría hacia un modelo basado en indemnización individualizada y reacción institucional frente al abuso.

Precisamente ahí aparece una de las cuestiones técnicamente más complejas de la construcción que adelanta la nota. La referencia a la intervención de la Inspección de Trabajo resulta especialmente significativa porque parece intentar reforzar el “efecto disuasorio” exigido por el TJUE. Sin embargo, ello plantea inmediatamente un problema jurídico relevante: las administraciones públicas no están sometidas al régimen sancionador ordinario de la LISOS en los mismos términos que las empresas privadas. En estos casos, la actuación de la ITSS suele articularse mediante requerimientos, advertencias o mecanismos de corrección, pero no normalmente a través de sanciones económicas directas equivalentes a las previstas para empleadores privados. Y precisamente una de las críticas históricas al sistema español ha sido la escasa capacidad disuasoria real frente al abuso en el sector público.

Por eso será decisivo comprobar cómo desarrolla el Tribunal Supremo esta idea en el texto íntegro de la sentencia y hasta qué punto considera que esa combinación entre reparación económica individual y actuación inspectora satisface realmente las exigencias europeas de efectividad, proporcionalidad y disuasión.

Habrá que esperar, en todo caso, al contenido completo de la resolución, porque la nota del CGPJ —aunque muy reveladora— simplifica necesariamente muchos matices jurídicos relevantes. Pero, si el esquema finalmente se confirma, estaríamos probablemente ante una de las resoluciones más importantes sobre temporalidad pública de los últimos años, porque redefine el modo en que el ordenamiento español intenta compatibilizar la doctrina europea con el sistema constitucional de acceso al empleo público.

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