Apuntes | La Resolución 2644 (2026) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con ocasión del 65.º aniversario de la Carta Social Europea.

La Resolución 2644 (2026), adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con ocasión del 65.º aniversario de la Carta Social Europea, debe leerse como algo más que un texto conmemorativo. Es un pronunciamiento que fija una posición institucional clara sobre el lugar de los derechos sociales en el sistema democrático europeo y, especialmente, sobre los mecanismos internos que condicionan su efectividad real.

El punto de partida de la Resolución es un diagnóstico estructural: los derechos sociales están sometidos a presiones persistentes derivadas de la evolución de los mercados de trabajo, de las desigualdades sociales y de las restricciones presupuestarias, y ese deterioro tiene consecuencias directas sobre la cohesión social y la estabilidad democrática. Desde esta perspectiva, la Carta Social Europea se presenta como un elemento central del modelo democrático europeo en su dimensión social, en paralelo al papel que desempeña el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el ámbito civil y político.

Sobre esta base, la Resolución introduce un desplazamiento institucional relevante. La efectividad de los derechos sociales no se sitúa principalmente en el plano declarativo ni en el control internacional abstracto, sino en los sistemas jurídicos internos. Y, dentro de ellos, la Asamblea identifica a los parlamentos nacionales como el actor clave del sistema de garantía.

El texto atribuye a los parlamentos una responsabilidad directa en tres planos interrelacionados: la integración de la Carta Social Europea en la legislación ordinaria, la consideración de sus exigencias en las decisiones presupuestarias y el control del cumplimiento estatal a la luz de las conclusiones y decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. De este modo, la Carta deja de operar como un instrumento externo o especializado y pasa a configurarse como un parámetro fundamental del ciclo legislativo y de la función de control político.

La Resolución no amplía el catálogo de derechos ni introduce nuevas obligaciones materiales. Lo que hace es identificar el principal déficit del sistema: la distancia entre el reconocimiento formal de los derechos sociales y su aplicación efectiva. Y sitúa ese déficit en el funcionamiento ordinario de las instituciones representativas, en particular en la capacidad de los parlamentos para incorporar los compromisos sociales europeos en normas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas.

En ese sentido, el texto permite leer la garantía de los derechos sociales no como una cuestión exclusivamente jurisdiccional o internacional, sino como un problema de arquitectura institucional, interna y de calidad del proceso democrático.

Contenido protegido. No autorizado su uso para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sin autorización expresa.