El Tribunal Supremo (STS 930/2025) ha sentado un criterio jurisprudencial crucial para los plazos de la OPE. La sentencia establece que el plazo de tres años del artículo 70.1 del TREBEP no se limita a iniciar los procesos, sino que obliga a las administraciones a desarrollar y resolver íntegramente el proceso selectivo dentro de ese límite. Esta doctrina, justificada en el rigor jurídico y los principios constitucionales de eficacia, tiene una relevancia práctica fundamental, ya que impone una planificación temporal mucho más estricta de las OEP y exige que la gestión de todas las fases se realice con la máxima diligencia para evitar el riesgo de caducidad.

La reflexión sobre el régimen retributivo del empleo público local, a partir del análisis de Federico A. Castillo Blanco, sitúa el problema más allá de la técnica salarial y lo vincula con un déficit estructural de arquitectura institucional. El sistema aparece configurado por acumulación normativa y desarrollos incompletos del EBEP y de las legislaciones autonómicas, generando inseguridad jurídica y dificultades de gestión en las entidades locales.

El mantenimiento del RD 861/1986 se interpreta como expresión de una “transitoriedad permanente”, sostenida en parte por una jurisprudencia que ha priorizado la estabilidad del sistema, aunque ello suponga prolongar esquemas normativos desactualizados. A ello se añade el condicionante de la estabilidad presupuestaria, que ha reforzado la uniformidad retributiva y limitado la adaptación a realidades organizativas diversas.

El análisis incorpora además una dimensión multinivel, evidenciando la dependencia del régimen local respecto de decisiones estatales y autonómicas que no siempre se ajustan a las especificidades municipales. El debate se proyecta así como una cuestión de coherencia institucional y de gobernanza territorial, más que como un problema estrictamente retributivo.