Debates | Anteproyecto de Ley 2026 de Catalunya: impacto en el empleo público local
El Anteproyecto de Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público de Catalunya para 2026, actualmente en fase inicial de tramitación, incorpora varias modificaciones con incidencia directa en la administración local, especialmente en materia de empleo público.
En primer lugar, el texto introduce una previsión expresa para que las administraciones locales puedan aplicar a su personal funcionario en prácticas una garantía retributiva mínima equivalente al SMI, mediante complemento hasta dicho umbral. La relevancia jurídica no está en el importe, sino en la habilitación legal: el ente local pasa a disponer de cobertura normativa de rango legal para acordar esa garantía durante el período de prácticas e integrarla en las bases de las convocatorias y en la ejecución presupuestaria, evitando que la retribución quede por debajo del umbral mínimo.
En segundo lugar, el Anteproyecto modifica la Ley 16/1991, de las policías locales, incorporando un nuevo artículo 32 bis que establece un sistema obligatorio de compensación económica entre ayuntamientos cuando un municipio nombra agente a una persona que, en los tres años anteriores, haya superado cursos del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya y que, en el momento del proceso selectivo, perteneciera a la plantilla de otro ayuntamiento. La indemnización comprende tanto las retribuciones percibidas durante la formación como el coste de los cursos realizados. Es una previsión con efectos jurídicos directos sobre movilidad intermunicipal, planificación de efectivos y costes estructurales de selección.
En tercer lugar, se modifica la Ley 8/2006, de conciliación, para habilitar que, mediante negociación colectiva, también las administraciones locales puedan extender las medidas de conciliación a otras modalidades de acogimiento distintas del permanente o preadoptivo, incorporando una base legal expresa para su articulación por pacto o acuerdo.
Finalmente, el Avantproyecto incluye otras reformas referidas exclusivamente al régimen de función pública de la Generalitat. No son de aplicación directa al personal de las administraciones locales, aunque se mueven en ámbitos —especialización, carrera y estructura retributiva— que pueden servir de referencia para debates abiertos en el ámbito local.
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