Acoso laboral

El análisis del acoso laboral se desplaza desde una perspectiva sectorial hacia un enfoque estructural centrado en la degradación objetiva de las condiciones de trabajo, la asimetría de poder y la eficacia de la prevención de riesgos psicosociales. La STSJ País Vasco 29 septiembre 2025 confirma esta aproximación al apreciar responsabilidad del empleador público por un fallo preventivo, evidenciado en la ausencia de evaluación de riesgos y en la inacción ante señales de deterioro de la salud, configurando un entorno laboral objetivamente hostil.

La resolución pone de relieve que, en el empleo público, el acoso no puede reducirse a conflictos interpersonales, sino que se vincula a déficits organizativos y de gobernanza del trabajo. A ello se suma la dimensión probatoria, condicionada por la jerarquía y la dependencia funcional, que dificulta la acreditación de los hechos y favorece su invisibilización. Frente a ello, el estándar de diligencia preventiva exigible a la Administración se intensifica, en coherencia con su posición institucional y su deber reforzado de tutela.

Clave: el acoso en el empleo público revela fallos estructurales de prevención y gobernanza organizativa, más que meros conflictos individuales.