Hoy se ha publicado en el DOGC la Ley 9/2025, de 13 de noviembre, que modifica la Ley 26/2010 de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. La reforma incide en aspectos centrales del Derecho Administrativo: buena administración, principio de confianza, régimen de errores no dolosos y regulación de los servicios proactivos basados en datos.

Hoy se ha publicado en el DOGC la Ley 9/2025, de 13 de noviembre, que modifica la Ley 26/2010 de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. La reforma incide en aspectos centrales del Derecho Administrativo: buena administración, principio de confianza, régimen de errores no dolosos y regulación de los servicios proactivos basados en datos.

El artículo 21 establece un régimen claro sobre la cita previa: se prohíbe imponerla como requisito obligatorio para acceder a la atención presencial y solo podrá utilizarse cuando mejore de forma efectiva el servicio. Se refuerza el derecho de elección entre atención presencial, telefónica y electrónica.

El artículo 22 amplía el derecho a una buena administración incorporando nuevos derechos: lenguaje administrativo claro, atención personalizada, prestación proactiva de servicios y tramitación unificada en hechos vitales. La proactividad se reconoce así como un estándar exigible de actuación cuando la anticipación de necesidades resulte jurídicamente procedente y proporcional.

El nuevo artículo 22 bis regula la rectificación de errores materiales o formales cometidos por primera vez y de buena fe, que no podrán generar sanciones ni la pérdida de prestaciones si se regulariza la situación sin fraude. El personal empleado público solo responderá disciplinariamente en casos de dolo o negligencia grave.

El artículo 22 ter refuerza esta protección en las prestaciones vinculadas a necesidades básicas: cuando un pago indebido derive exclusivamente de un error administrativo, la persona beneficiaria queda exenta de devolver principal e intereses. En el reintegro se excluyen recargos e intereses de demora y los planes deberán ajustarse a la capacidad económica de la persona afectada.

La modificación del artículo 31 incorpora nuevos principios de actuación: proactividad, accesibilidad universal, personalización del servicio y equidad territorial, además de positivizar el principio de confianza.

El artículo 40 bis regula los servicios proactivos y personalizados basados en datos, que requieren consentimiento expreso, específico, informado e inequívoco, con finalidad determinada y prohibición de fórmulas genéricas.

La Ley 9/2025 configura así un estándar reforzado de buena administración en Cataluña, orientado a la claridad normativa, la proporcionalidad y una actuación administrativa más coherente con la confianza legítima.

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