temporalidad abusiva

  • Apuntes | Qué significa que Bruselas examine la temporalidad abusiva en el empleo público

    PorEugènia Revilla Esteve

    El procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España por abuso de temporalidad en el empleo público sitúa el debate en una escala distinta a la de los litigios individuales. No se trata de una sentencia ni de una sanción inmediata, sino de un mecanismo europeo para controlar si el Estado cumple correctamente la Directiva 1999/70/CE y ofrece medidas efectivas frente al uso abusivo de contratos temporales sucesivos. Tras Obadal, la cuestión no queda cerrada: la Comisión sigue examinando si el sistema español, con la Ley 20/2021, los procesos de estabilización, la figura del indefinido no fijo y las respuestas indemnizatorias, previene y sanciona realmente el abuso o solo gestiona sus efectos una vez producido. Clave: Bruselas no analiza un caso concreto, sino la suficiencia del sistema español frente a la temporalidad abusiva en el empleo público

  • Gemas de jurisprudencia | El abuso de temporalidad proyecta efectos sobre el grado personal

    PorEugènia Revilla Esteve

    La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta) 544/2026, de 29 de abril, ponente María Alicia Millán Herrandis (rec. 6810/2023), analiza si los servicios prestados como funcionario interino pueden computarse para consolidar un grado personal superior una vez adquirida la condición de funcionario de carrera. El Tribunal Supremo concluye que, cuando existe abuso de temporalidad en relaciones interinas de larga duración, la Administración no puede ignorar jurídicamente el tiempo efectivamente trabajado en puestos de nivel superior. La sentencia aplica la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE y consolida una línea jurisprudencial favorable al reconocimiento de efectos de carrera profesional derivados de la interinidad estructural abusiva. El fallo rechaza la tesis de la “discriminación inversa” respecto de funcionarios de carrera en comisión de servicios y sitúa el centro del análisis en el abuso de temporalidad mantenido por la propia Administración. La resolución tiene un impacto relevante para comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades y resto de Administraciones públicas con personal interino de larga duración. La STS 544/2026 confirma que la carrera profesional no puede construirse ignorando años de desempeño efectivo de funciones estructurales. La sentencia proyecta además efectos relevantes sobre consolidación de grado, progresión profesional y reconocimiento de servicios prestados en empleo público temporal. Se trata de una resolución especialmente importante en el contexto posterior a los procesos de estabilización y a la jurisprudencia reciente sobre temporalidad abusiva en el sector público.

  • Debates | Temporalidad abusiva en el empleo público y calidad del Estado de Derecho

    PorEugènia Revilla Esteve

    El debate sobre la temporalidad abusiva en el empleo público se reconfigura desde una cuestión de técnica jurídica hacia un problema estructural de calidad del Estado de Derecho. A partir del enfoque de Remedios Roqueta Buj, el análisis destaca que las soluciones tradicionales —como el indefinido no fijo o la prolongación en el puesto— han operado como mecanismos de gestión del conflicto sin generar un verdadero efecto sancionador ni disuasorio para la Administración, alejándose de las exigencias de la Directiva 1999/70/CE.

    La reflexión sitúa las reformas de 2021 en una clave distinta: no solo como políticas de estabilización, sino como un posible intento de reconstruir un sistema eficaz de reacción frente al abuso, combinando procesos extraordinarios, incentivos a la consolidación y compensaciones económicas. La cuestión central pasa a ser si este nuevo marco es capaz de introducir costes institucionales reales y prevenir la reiteración de prácticas abusivas.

    Clave: la temporalidad abusiva en el empleo público no es solo un problema jurídico, sino un test sobre la capacidad del sistema para sancionar y prevenir el abuso conforme a las exigencias del Estado de Derecho.