responsabilidad administrativa

  • Apuntes | Acoso en el empleo público: la responsabilidad administrativa en revisión

    PorEugènia Revilla Esteve

    Acoso en el empleo público y responsabilidad administrativa: de la sanción a la obligación de prevenir y reparar. A partir del análisis de Ana Isabel García Salas, el texto examina cómo los casos de acoso están tensionando el modelo clásico de responsabilidad administrativa. Cuando el empleador es una Administración Pública, la respuesta jurídica no puede centrarse exclusivamente en la sanción, sino que se desplaza hacia la prevención, la correcta organización y la protección efectiva de la víctima. La integración del acoso en la lógica de los riesgos psicosociales y el peso de la responsabilidad patrimonial refuerzan este cambio de enfoque. La clave pasa a ser la actuación de la organización: existencia y activación de protocolos, medidas de protección y asunción de responsabilidad ante fallos. El acoso se configura así como un indicador de calidad institucional y de gobernanza del empleo público.
    Clave: la responsabilidad administrativa en casos de acoso se redefine desde la prevención y la organización, más que desde la sanción.

  • Debates | Acoso laboral: más allá del sector, una cuestión de condiciones de trabajo y poder

    PorEugènia Revilla Esteve

    El análisis del acoso laboral se desplaza desde una perspectiva sectorial hacia un enfoque estructural centrado en la degradación objetiva de las condiciones de trabajo, la asimetría de poder y la eficacia de la prevención de riesgos psicosociales. La STSJ País Vasco 29 septiembre 2025 confirma esta aproximación al apreciar responsabilidad del empleador público por un fallo preventivo, evidenciado en la ausencia de evaluación de riesgos y en la inacción ante señales de deterioro de la salud, configurando un entorno laboral objetivamente hostil.

    La resolución pone de relieve que, en el empleo público, el acoso no puede reducirse a conflictos interpersonales, sino que se vincula a déficits organizativos y de gobernanza del trabajo. A ello se suma la dimensión probatoria, condicionada por la jerarquía y la dependencia funcional, que dificulta la acreditación de los hechos y favorece su invisibilización. Frente a ello, el estándar de diligencia preventiva exigible a la Administración se intensifica, en coherencia con su posición institucional y su deber reforzado de tutela.

    Clave: el acoso en el empleo público revela fallos estructurales de prevención y gobernanza organizativa, más que meros conflictos individuales.