La lectura del comentario de la profesora Delyana Milenova Koseva , “Despido por abandono de la Iglesia católica: comentario de la STJUE de 17 de marzo de 2026”, Briefs AEDTSS, número 40 de 2026 de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que me ha permitido reflexionar sobre una cuestión…
El Auto del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2026 (ATS 859/2026) plantea cuestión prejudicial sobre la compatibilidad del régimen de jubilación automática por incapacidad permanente total en funcionarios con el art. 5 de la Directiva 2000/78/CE, a la luz de la doctrina del TJUE en el asunto C-631/22. El caso sitúa en tensión el modelo estatutario del art. 67 EBEP —que vincula incapacidad y extinción del vínculo— con la exigencia europea de valorar previamente ajustes razonables y alternativas de adaptación o recolocación.
El planteamiento del Tribunal Supremo abre la posibilidad de revisar el automatismo de la jubilación funcionarial en situaciones de discapacidad, proyectando sobre el empleo público una lógica ya consolidada en el ámbito laboral. La resolución delimita así un debate estructural sobre los límites del margen organizativo de las administraciones, la aplicación del principio de no discriminación y la necesidad de integrar mecanismos efectivos de adaptación antes de extinguir la relación de servicio.
Clave: la jubilación automática por incapacidad en funcionarios puede resultar incompatible con el Derecho de la Unión si no se valoran previamente ajustes razonables.