En marzo de 2026, la Casa Blanca ha hecho público un documento de recomendaciones legislativas que, aunque todavía poco conocido, resulta especialmente relevante para entender hacia dónde puede orientarse la política jurídica de la inteligencia artificial en Estados Unidos. El texto, titulado National Policy Framework for Artificial Intelligence: Legislative Recommendations, no es una norma ni…
El working paper de Eurofound (Adăscăliței, 2026) ofrece una radiografía empírica del uso de la inteligencia artificial generativa en la Unión Europea, evidenciando que su adopción no es homogénea, sino profundamente desigual. Aunque cerca de un tercio de la población ha utilizado estas herramientas, el análisis muestra que el uso privado supera al profesional, anticipando un desajuste entre prácticas reales y marcos organizativos de gobernanza.
El estudio identifica brechas estructurales relevantes: fuerte concentración del uso en personas con mayor nivel educativo, especial intensidad en ocupaciones TIC y una clara dimensión generacional, con una adopción significativamente más alta entre jóvenes. La IA generativa aparece así no solo como tecnología, sino como factor de redistribución de oportunidades y potencial amplificador de desigualdades en el mercado de trabajo.
Clave: la IA generativa se expande de forma desigual y exige marcos de gobernanza que eviten que la innovación tecnológica refuerce brechas existentes.
El policy brief de la OCDE “Building an AI-ready public workforce: Implications and strategies” (enero 2026) desplaza el debate sobre inteligencia artificial en el sector público desde la tecnología hacia la capacidad institucional. El documento sostiene que el principal límite para una adopción responsable de la IA no es técnico, sino organizativo y profesional, al depender de la capacidad de las administraciones para comprender, gobernar y controlar estos sistemas en función del interés general.
El análisis subraya que la externalización tecnológica en el ámbito público no es neutral, ya que puede generar dependencia, asimetrías de conocimiento y debilitamiento de la rendición de cuentas. Frente a ello, la IA se plantea como una política de empleo público que exige rediseñar funciones, reforzar capacidades internas y construir estructuras organizativas que integren formación, talento y control técnico-jurídico. La legitimidad institucional pasa así por mantener el dominio sobre los sistemas desplegados.
Clave: la adopción responsable de la IA en el sector público depende de la capacidad institucional para gobernarla, no de la tecnología disponible.
Hace poco me he encontrado con este concepto útil para entender muchos conflictos actuales: el Derecho internacional de la contienda (International Law of Contention), en la línea de lo que plantea Nico Krisch al…
La lectura del análisis publicado por Future for Work Institute sobre la implantación de sistemas de inteligencia artificial en los departamentos de recursos humanos refuerza una idea central que merece atención: la…