El informe Women, Business and the Law 2026, elaborado por el Banco Mundial y en el que he podido participar junto a otros compañeros (Antonio Fernández, Daniel Toscanini, Esther Guerrero Vizuete y Elisa Cuadros Garrido), se presenta como un instrumento de diagnóstico global sobre las condiciones jurídicas, institucionales y prácticas que configuran la participación económica…
La reflexión sobre la renuncia a cargos públicos, a partir del análisis de Federico A. Castillo Blanco, pone de relieve la distancia entre la percepción política de la dimisión y su configuración jurídica en el Derecho público. Frente a la idea de abandono inmediato del cargo, el ordenamiento sitúa la renuncia dentro de la arquitectura institucional, condicionando su eficacia a procedimientos formales y a la naturaleza del cargo afectado.
En el ámbito local, esta lógica se expresa con claridad en la diferenciación entre mandato representativo y cargos orgánicos, así como en la exigencia de toma de conocimiento por el pleno para que la renuncia al acta de concejal produzca efectos, conforme al art. 9 del ROF. Esta configuración evidencia un marco normativo fragmentario y en parte desactualizado, que sigue condicionando la continuidad institucional del gobierno municipal.
Clave: la dimisión no es un acto inmediato, sino un proceso jurídicamente condicionado por la estructura institucional y por reglas formales que determinan cuándo se produce la vacante.
El debate sobre la dirección pública profesional en Cataluña, en el contexto del anteproyecto de ley promovido por la Generalitat y del Dictamen 04/2026 del Consell de Treball, Econòmic i Social, sitúa la cuestión más allá de la creación de una nueva categoría jurídica, vinculándola con la capacidad institucional y la calidad de la gestión pública. A partir de la reflexión de Rafael Jiménez Asensio, se destaca que la profesionalización directiva constituye una pieza estructural del sistema administrativo, clave para la continuidad de las políticas públicas y la eficacia organizativa.
El análisis subraya que la efectividad del modelo no dependerá del reconocimiento formal, sino del diseño de sus garantías: sistemas de acceso objetivos, evaluación del desempeño, delimitación funcional respecto de la dirección política y, especialmente, un régimen de cese que limite la discrecionalidad. La regulación se presenta así como una oportunidad para redefinir el equilibrio entre legitimidad democrática y profesionalidad, condicionando directamente la integridad institucional y la confianza en la gestión pública.
Clave: la profesionalización de la dirección pública depende de garantías estructurales reales, no solo de su reconocimiento normativo.