corrupción

La Directiva (UE) 2026/1021, de 29 de abril de 2026, inaugura una nueva etapa en la política europea de lucha contra la corrupción. La norma sustituye los principales instrumentos europeos vigentes hasta ahora y establece un marco común para la tipificación de delitos como el cohecho, el soborno, la malversación o el tráfico de influencias. Sin embargo, su alcance trasciende el ámbito penal. La Directiva incorpora obligaciones relacionadas con la prevención de la corrupción, la integridad pública, la protección de denunciantes, la evaluación de riesgos y la organización de estructuras especializadas. Desde la perspectiva de la función pública, la norma presenta especial interés por su amplia definición de funcionario público, la atención prestada a los altos cargos y el impulso a políticas de integridad institucional. En esta entrada se analizan su contenido, las novedades que introduce, las normas que deroga, su régimen de aplicación y las posibles consecuencias para las Administraciones públicas españolas.